El Ayuntamiento de Badajoz elevará al pleno previsto el próximo lunes, día 29, la aprobación provisional de una modificación puntual de ordenación estructural para la regulación e implantación de usos de equipamiento privado, que consiste en flexibilizar los usos destinados a equipamientos privados, permitiendo alternativos como bienestar y sanitario en 41 parcelas.
Nueve de estas parcelas se sitúan en la margen derecha del río Guadiana y 32 en la izquierda y entre las mismas se incluye los terrenos en los que se quiere instalar un nuevo hospital privado en la Avenida de Elvas.
En concreto, tras la aprobación inicial de este punto se mandó a la Junta de Extremadura para dar el visto bueno, de manera que en caso de salir adelante en pleno la aprobación provisional y la contestación a las alegaciones, cinco que no se han admitido, posteriormente se remitirá para su aprobación definitiva en la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura (Cuotex).
Así lo ha avanzado el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, en una rueda de prensa telemática en la que ha dado cuenta de los asuntos tratados en la comisión municipal del área, reunida este miércoles, y cuyos puntos tanto de disciplina urbanística como de planeamiento y gestión serán llevados al pleno del próximo lunes.
En materia de disciplina urbanística, ha distinguido entre tres asuntos de restauración de legalidad y siete expedientes sancionadores, y ha detallado que el primer expediente de restauración de la legalidad se refiere a la construcción de una caseta para una depuradora en un adosado de un lindero, lo cual "en principio" es "legalizable" aunque al estar adosado a un lindero está prohibido por las normas del Plan General y se propone al pleno la reposición de la realidad física alterada o demolición de la caseta.
El segundo expediente es una rehabilitación integral de una vivienda en suelo urbano no consolidado que, además, dentro del uso pormenorizado es espacio libre público-parque urbano, y en el Plan General en un parque urbano el uso residencial es considerado como no admitido, por lo que "nada de la obra que se ha hecho es legalizable" y se propone también su demolición.
En tercer lugar, ha sumado un expediente referido a una vivienda en la Avenida de Villanueva, en la que se pidió comunicación previa para hacer una serie de obras aunque "luego realmente se hizo bastante más obra", entre las que ha resaltado que se cerró terraza y se metió vivienda, alterando la configuración exterior de la fachada e incrementando la superficie edificada.
Al respecto, ha matizado que "parte" de la obra es "legalizable", pero no el cerramiento de la terraza y que se ha dado un plazo para presentar un proyecto para la parte "legalizable" y otro para la demolición, pero que no se ha presentado ninguno de los dos y se propone a pleno la reposición de la realidad física alterada, que también supone la demolición.
En relación a los expedientes sancionadores, ha resaltado el caso de esta vivienda en la Avenida de Villanueva y que se propone multar tanto al promotor, como al contratista y la dirección facultativa de esta obra "ilegal" con 18.667 euros cada uno al considerarse una infracción "grave".
Otro de los expedientes está relacionado con un relleno de parcela y consolidación de bordes ejecutado sin licencia en un chalet en la Calle Parque Doñana y se impone una multa de 3.000 euros; y otro con la rehabilitación integral de una vivienda en un suelo no consolidado y que estaría en espacio libre por lo que no es "legalizable" y se pone una multa al promotor por 18.667 euros al considerarse "grave".
Igualmente, otro expediente sancionador se refiere a unas obras ejecutadas en la calle Caballero Villarroel consistente en la construcción de un volumen en la planta primera sin licencia y en la zona afectada por riada 1997, en la que no se puede construir hasta que no se tenga un informe preceptivo de la Confederación del Guadiana que diga "claramente" que esa zona no está afectada por posibles riadas o inundaciones "que no es el caso"; una actuación grave" con una denuncia de 6.000 euros por el "pequeño" valor de las obras.
Por último, otro expediente sancionador consiste en una construcción sin licencia en el polígono 769 de Valdebótoa, en concreto una vivienda unifamiliar de nueva planta en suelo no urbanizable que supone una infracción "grave" y una multa de 18.667 euros.
En lo que a planteamiento y gestión urbanística se refiere, Urueña ha destacado un estudio de detalle y proyecto de actuación singular en la colonia militar de la Avenida Juan Sebastián Elcano para ampliar la edificabilidad dentro de la máxima permitida; y la prórroga por cinco años del plazo para concluir las obras de urbanización de unos terrenos en la Avenida de Elvas.
Otro punto es una modificación puntual de ordenación detallada y, en concreto, de los usos de equipamiento público en dos manzanas del ayuntamiento en el Cerro del Viento que permitirá, en caso necesario, utilizarlas juntas con un total de 10.458 metros cuadrados; y otro una modificación puntual de ordenación detallada en la calle Gerardo Ramírez Sánchez presentado por Aspaceba para construir una planta más.