Las organizaciones que integran a la cadena de valor de la alimentación y el gran consumo han trasladado a las Consejerías de Sanidad, Economía, Empleo y Agricultura de la Junta de Extremadura, su preocupación por la situación generada por la gestión de las bajas laborales en la actual ola de contagios por Covid, así como para reclamar medidas que eviten que la falta de personal afecte al correcto funcionamiento del sistema productivo.
El incremento de las bajas de trabajadores registradas en las empresas del sector supone un gran problema administrativo ante las dificultades que estos encuentran para obtener el alta médica, debido a la congestión que sufre la atención primaria. Se calcula que 1 de cada 7 de los trabajadores que está de baja en este momento podría reincorporarse de inmediato, pero no lo hacen al no conseguir la autorización médica.
Además, la decisión tomada por algunas CCAA en relación a conceder bajas telefónicas en base a auto-test de antígenos está suponiendo un problema añadido de gestión de las altas, que sí deben obtenerse de manera presencial en los centros de salud.
Sólo el comercio alimentario supera en este momento las 20.000 bajas laborales en el país, una cifra que aumenta a diario y que complica enormemente la gestión de las empresas.
Ante esta situación, las empresas del sector de la alimentación y el gran consumo, para el mejor funcionamiento de los centros de trabajo y en beneficio de sus propios trabajadores, solicitan:
Por un lado, que se facilite el alta laboral automática asociada a todas las bajas por Covid una vez superados los siete días que establece actualmente el periodo de cuarentena -u otros que las autoridades puedan indicar- sin necesidad de acudir a los centros de atención primaria para obtener la misma, lógicamente, en ausencia de sintomatología.
Como ya se hizo en el caso de la vacunación de los trabajadores, las empresas ponen a disposición del sistema público de salud sus mutuas de accidentes de trabajo para colaborar en esta tarea en condiciones de plenas garantías sanitarias y jurídicas, pudiendo así contribuir de forma muy significativa a evitar consultas innecesarias en atención primaria y a descongestionar la misma.
Por otro, que se reduzcan los periodos de cuarentena a los mínimos indispensables para garantizar la correcta gestión de la pandemia en base a la información científica disponible y a la experiencia acumulada durante los últimos dos años de pandemia. En este sentido, se solicita que, desde un criterio sanitario, se estudie la posibilidad de acortar los plazos o limitar aquellos en que se aplican dichas cuarentenas -en coherencia con las decisiones que se anuncian en el ámbito escolar- porque la actual reducción de diez a siete días está resultando insuficiente para garantizar la adecuada cobertura de las vacantes.
Desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el Covid, la cadena de valor de la alimentación y el gran consumo ha dado un ejemplo de servicio a los ciudadanos y ha permitido que, en los momentos más duros del confinamiento, no se produjera ningún problema de abastecimiento a la población. A ello contribuyó decisivamente la consideración del sector como esencial en los primeros estados de alarma.
Para garantizar este servicio esencial a la ciudadanía, la mayoría de los trabajadores tiene que desempeñar su actividad “presencialmente”, no pudiendo teletrabajar ni ser sustituidos por otros medios. Por ello, en las circunstancias actuales, el funcionamiento de las operaciones en los centros de trabajo -especialmente en los establecimientos abiertos al público y en las plataformas logísticas- se están complicando extraordinariamente y consideramos que se deberían adoptar medidas a la mayor brevedad posible que permitan que los trabajadores afectados se reincorporen con la máxima agilidad posible a sus centros de trabajo, y a las empresas poder planificar mejor la gestión de las plantillas, en estricto cumplimiento del criterio que determinen las autoridades sanitarias.
