La Asamblea de Extremadura celebra sesión ordinaria este jueves, 9 de noviembre, con diversos asuntos de actualidad en el orden del día fijado este martes en la Junta de Portavoces, como la condonación de parte de la deuda de la comunidad, en virtud del acuerdo de investidura suscrito entre PSOE y ERC, así como otros como el derecho de los padres a conocer los contenidos que reciben sus hijos en las aulas, o el desarrollo de la ley autonómica de memoria democrática.
Las preguntas de los grupos de la oposición a los miembros del Consejo de Gobierno abordarán cuestiones como la condonación de parte de la deuda del Estado. En concreto, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías interpelara sobre si la Junta renunciará a la quita acordada en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.
El Grupo Socialista, por su parte, hará tres preguntas. En primer lugar, sobre si ha seleccionado ya la Junta de Extremadura cuáles son sus organismos innecesarios y las subvenciones políticas e ideológicas, en alusión al pacto de gobierno entre PP y Vox.
Asimismo, cuestionará sobre los criterios que está siguiendo la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social para conformar la agenda institucional de la Junta de Extremadura; y sobre el proyecto de construcción de un Centro de Convalecencia y Cuidados Continuados en la localidad de Pescueza.
El orden del día incluye una interpelación, en este caso formulada por el diputado socialista Juan Ramón Ferreira, sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de empleo.
El ejecutivo regional, por su parte, ha registrado la comparecencia a petición propia de dos de sus consejeros. Por un lado, el de Economía, Empleo y Transformación Digital, a los efectos de informar sobre el procedimiento político de desarrollo industrial de su departamento; y por otro, de la titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, a los efectos de informar sobre la planificación energética en la región.
PIN PARENTAL
En las Propuestas de Impulso, el Grupo Parlamentario de Vox en la que insta a la Junta de Extremadura a asumir "un compromiso inequívoco de respetar el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos, garantizado en el artículo 27 de la Constitución Española".
También exige revisar los currículos educativos y adoptar las medidas necesarias para la "inmediata retirada de libros de texto y material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino para la inocencia" de los menores; y garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula.
El Grupo Socialista, por su parte, someterá a debate y votación otra iniciativa con la que pretende instar a la Junta de Extremadura al cumplimiento íntegro de la Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura, así como a no promover iniciativas para su derogación ni a promover actuaciones en detrimento de la dignidad de las víctimas del franquismo.
También los socialistas plantean en una propuesta de impulso que el Ejecutivo regional establezca un calendario real para ganar en transparencia la Administración Pública de Extremadura; a hacer público el Registro de Conflicto de Intereses; a volver a instaurar las comparecencias previas a su nombramiento de los altos cargos de la Junta de Extremadura.
La iniciativa también reclama la publicación de forma urgente de los conflictos de intereses, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 1/2014, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por último, se abordarán dos propuestas de pronunciamiento de la Cámara regional para instar al Gobierno, por un lado, a eliminar el requisito de las peonadas para el acceso a la renta agraria y el subsidio agrario.
La iniciativa también aboga por condonar a los jornaleros el pago de 134 euros mensuales de cuota de la Seguridad Social en tiempo de inactividad; establecer una misma cuota de Seguridad Social para todos los jornaleros en tiempo de inactividad, frente a la discriminación de aquellos que presentan más de 55 peonadas; e igualar a los mayores de 52 años al resto de beneficiarios, pasando a estar cubiertos los 12 meses, formulada por Unidas por Extremadura.
Por último, a propuesta de Vox, se debatirá sobre la dotación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios materiales necesarios para garantizar la seguridad y vigilancia en el campo y a reforzar y crear nuevas unidades o Grupos Roca en el medio rural extremeño.
