El Congreso prevé fijar este jueves plazos para la tramitación del suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al diputado del PP Alberto Casero, al que se achacan indicios de delito por contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo. Las decisiones se tomarán en la Comisión del Estatuto del Diputado que preside la socialista Adriana Lastra.
El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo, a cargo de la investigación, quiere el suplicatorio para proceder penalmente contra el diputado del PP al ver indicios racionales de presuntos delitos de prevaricación y malversación, por determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó como alcalde.
El pasado martes, la Mesa del Congreso dio entrada a la petición y la remitió a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 días hábiles para elevar una propuesta al Pleno de la Cámara.
