Hoy se ha cerrado la primera ronda de contactos de cara a consensuar los presupuestos autonómicos del 2023 por la que ya han pasado los partidos políticos y los sindicatos UGT y CC OO. La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales concluye este primer proceso con una reunión con representantes de la Confederación regional Empresarial Extremeña, Creex.
Previa a ella, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha señalado a Onda Cero, que lo primero es marcar el terreno para saber hasta donde se puede llegar en unos presupuestos que sumarán unos 7.000 millones de euros, que, en gran parte, están comprometidos con apartados como la Sanidad, Educación, el mantenimiento de infraestructuras o el pago de personal. También dice que hay que hablar de fiscalidad, que no es necesariamente bajar impuestos, pero sí, por muy corto plazo, plantear como medida de dinamización de la economía, atenuar la presión fiscal. También insiste en la simplificación administrativa, plantear inversiones productivas y que la Junta influya en las partidas que vienen de Europa para que reviertan en micro-pymes y los autónomos.
Peinado resalta que ellos están al margen del debate político y que lo que quieren es construir influyendo en partidas y políticas.
POSTURA DEL PP
Por otro lado, la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha planteado a la Junta de Extremadura una rebaja en el IRPF en los dos primeros tramos, para compensar el sobreesfuerzo que están asumiendo los ciudadanos por el incremento de los precios. El tipo del primer tramo, que es el que se aplica hasta los 12.450 euros, pasaría del actual 9,5% al 8%; y el segundo, hasta 20.200, del 12,5% (el más alto del país) al 10%. Una propuesta que Guardiola que considera perfectamente asumible, teniendo en cuenta que solo en IRPF e IVA, la Junta contempla recaudar el próximo año 408 millones de euros en total. Por otro lado, plantea una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el que se paga al comprar una vivienda de segunda mano, al 6 por ciento, en lugar del 8, 10 y 12 por ciento actuales. Este 6 por ciento se reduciría a la mitad, el 3%, en el caso de que el inmueble se encuentre un municipio con baja densidad de población, como una media contra el reto demográfico.
