Los restos de Salvador del Amo Jiménez vuelven a su tierra 82 años después de su muerte en una prisión franquista. Será enterrado este martes 1 de agosto a las 11 horas, en el Cementerio de San Juan Badajoz (cementerio viejo).
Salvador del Amo Jiménez, al igual que su hermano Manuel, eran campesinos, humildes y de izquierdas. Tras ser encarcelado fue condenado a 20 años de prisión por "Auxilio a la Rebelión". La justicia al revés. Los golpistas juzgaban a los leales al gobierno legítimo y constitucional de la época por rebelión. Después de pasar por varias instituciones penitenciarias en Extremadura (Castuera, Mérida, Cáceres), el y su hermano también condenado fueron trasladados a la Prisión Central de Orduña (Vizcaya) para cumplir su pena. Salvador tenía 52 años cuando murió el 13 de marzo de 1941 en Orduña, estaba casado con Dionisia Donoso y tenía tres hijos.
Más de la mitad de los 4.000 presos que pasaron por la Prisión Central de Orduña eran extremeños. Esta prisión franquista se levantó en 1937 en el Colegio de los Padres Jesuitas, primero para albergar a prisioneros de guerra leales a la República y después, a partir de 1939, para todo tipo de presos que fueran calificados por los fascistas como desafectos al régimen. Las condiciones de vida eran inhumanas: torturas, hambre, humillaciones, esclavitud y muerte.
La mayor parte de los presos extremeños provenían del campo de concentración de Castuera (Badajoz) y del campo de concentración de Santo Domingo (Mérida), de los cuales al menos 127 fallecieron en la prisión desde su llegada hasta 1941, según el registro de aquella. Después de identificarse los restos, gracias a la colaboración de las familias y de la labor de Gogora - Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, por fin Salvador tendrá una sepultura digna en el lugar elegida por su familia, y no en aquella fosa que eligieron sus represores.
La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores del pasado. La consolidación de nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado. El olvido no es opción para una democracia.
Este tipo de actos, en cumplimiento de las leyes de memoria histórica y democrática, tanto autonómica como estatal, se articulan como un instrumento de protección y cumplimiento de los derechos humanos, sirven para cerrar heridas y dar un merecido reconocimiento público a familiares y víctimas: Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición.
