Este jueves se rubricaba una declaración institucional firmada por los cuatro grupos parlamentarios, y leída este jueves al inicio del pleno por la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, en la que los partidos muestran su "compromiso de defender una financiación justa para Extremadura".
Según establece esta declaración, Extremadura "tiene derecho a contar con una financiación adecuada" que "garantice la disposición de recursos suficientes e impulse un crecimiento cohesionado" de la región extremeña, tras lo que señalan que tienen "una postura clara y definida sobre los fundamentos en los que debe basarse el nuevo sistema".
Además, los grupos muestran su "firme intención" de continuar con la senda de acuerdos en materia de financiación autonómica alcanzados en la Asamblea de Extremadura por unanimidad en julio de 2016, por lo que ahora se ratifica el "deseo de ampliar el consenso al resto de instrumentos de financiación previstos en el Ordenamiento Jurídico".
Por todo ello, a través de esta declaración institucional, la Asamblea de Extremadura se muestra "a favor de que Extremadura tenga derecho contar con una "financiación justa", con una decena de premisas, como que tanto la fase previa de negociación del modelo, como el acuerdo que lo fundamente, y su posterior aprobación y aplicación, "parta del minucioso examen de los principios y fines" que rigen la Constitución Española.
Señalan además que la autonomía financiera autonómica se ejercerá "con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".
Por otra parte, Extremadura defiende que la negociación "se produzca en un foro multilateral" con representación de las comunidades, las ciudades autónomas y el Estado.
Este foro debe partir, según reafirma esta declaración, de la convocatoria de la Conferencia de Presidentes en la que "se aborden los aspectos principales de la reforma del sistema", y debe concretarse con el "pertinente debate y acuerdo posterior en sede del Consejo de Política Fiscal y Financiera".
Asegura Extremadura que "solo así podrá garantizarse que son sopesados los intereses de cada región y ponderados en aras al desarrollo común sobre el que pivota el principio de igualdad territorial", reafirma.
La tercera premisa de Extremadura pasa por que el Estado aporte "mayores recursos al sistema con los que cubrir los déficits de financiación que sufren todas las Comunidades Autónomas en el modelo vigente", que deben asegurar además que "ningún territorio reciba menos financiación como consecuencia de la modificación del sistema".
La declaración institucional defiende también, en cuarto lugar, que la reforma del sistema de financiación debe ser "una tarea común para garantizar y mejorar el funcionamiento del Estado del Bienestar y de los servicios y políticas públicas gestionados por las administraciones autonómicas", como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
También debe incluir, añade la declaración, la "financiación suficiente" de los servicios públicos no considerados fundamentales pero que son "de gran valor para el desarrollo socioeconómico", así como elcoste de prestación de las competencias asumidas y el acceso de los ciudadanos a los servicios "en condiciones de igualdad con independencia del lugar en el que residan".
En quinto lugar, Extremadura aboga por que las variables como la superficie, la densidad de población y su envejecimiento "deben cobrar mayor relevancia en el cálculo de las necesidades", y reivindica la necesidad de "implementarse una variable correctiva ligada a los costes fijos o a las economías de escala".
Así, defiende que se tendrán en cuenta criterios que permitan "impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico y proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas".
Así mismo, defiende la Asamblea de Extremadura que el sistema debe "garantizar un desarrollo económico sostenible e integrado para todos, prestando atención al desarrollo rural y a la lucha contra la despoblación".
La sexta premisa que defiende Extremadura es que esta financiación "haga plenamente efectivo el principio de lealtad institucional y seguridad jurídica", de tal forma que en las decisiones de la Administración General del Estado que afecten a la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas para hacer frente a la prestación de los servicios "éstas deben poder ser compensadas por la totalidad de los efectos financieros que puedan producirse".
A tal efecto, considera que deberá procederse a la cuantificación de las diferentes medidas adoptadas por el Estado que hayan podido afectar a los ingresos y gastos autonómicos, así como a los que puedan surgir por el impulso desde la Administración General del Estado de nuevos servicios que vayan a ser gestionados por las Comunidades Autónomas.
También aboga, en séptimo lugar, por que el sistema "potencie las políticas de desarrollo equilibrado regional y la plena realización del principio de solidaridad", para lo cual resulta fundamental que se dote al Fondo de Compensación Interterritorial, "como mínimo, con la dotación con la que contaba en el ejercicio 2008".
Además, asegura que la inversión del Estado "debe dirigirse a cubrir las carencias que padecen determinados territorios en comunicación e infraestructuras", así como "suplir el aislamiento que sufren y el grave desequilibrio que este hecho ha provocado en su desarrollo económico e industrial".
Finalmente, la declaración institucional defiende que "deben aprobarse inversiones complementarias para acelerar el proceso de convergencia y cohesión destinadas a las regiones que presenten un nivel de desarrollo inferior a la media", así como que esta reforma "debe coordinarse con la reforma del sistema de financiación local y promover la autonomía de las Haciendas locales, su suficiencia financiera, y un desarrollo equilibrado de los distintos municipios, con especial atención al medio rural", concluye.
