El Tribunal de Cuentas ha advertido de que Extremadura, junto con otras 3 comunidades y las ciudades autónomas han dejado pasar más de un mes para ejecutar la mayoría de contratos de emergencia durante la pandemia del Covid-19.
Así se desprende del informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 en las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo que ha aprobado el Tribunal de Cuentas.
Extremadura adjudicó un total de 108 millones de euros, de los que 59 millones de euros correspondieron a contratos de suministro. De esta cantidad, 47 millones de euros fueron relativos a material sanitario y, concretamente, 10 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas fue de 0,18 euros, y el de las FFP2 osciló entre 2,38 y 1,75 euros.
En concreto, en el informe a nivel global en cuanto a los límites temporales a los que se somete el inicio de la ejecución en la contratación celebrada mediante la tramitación de emergencia, se han advertido incumplimientos en un escaso número de contratos (3 por ciento de la muestra), en los que había transcurrido más de un mes desde la declaración de emergencia hasta el inicio de su ejecución.
