La Junta de Extremadura pedirá al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que derogue la normativa que marca la obligatoriedad de la cotización a la Seguridad Social de los alumnos mientras realizan prácticas formativas en empresas.
La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, trasladaba esta petición en la Conferencia Sectorial de Educación-
Según señala la Junta en nota de prensa, esta iniciativa está respaldada, al menos, por doce comunidades autónomas que, junto a la extremeña, y "tras reiteradas peticiones durante el último mes", han logrado que esa conferencia sectorial se celebre presencialmente y no de forma telemática, como había propuesto el Ministerio que dirige Pilar Alegría.
El motivo por el que los consejeros de Educación han insistido en mantener esta reunión presencial es la "trascendencia de los temas que se van a abordar", como es la normativa que está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2024, por la que se hace necesaria la cotización de la formación práctica de los alumnos en empresas.
Según apunta el Ejecutivo, esta medida afectaría sobre todo a los alumnos de Formación Profesional, dado que es el grupo más numeroso de los alumnos que realizan prácticas en empresas. En Extremadura, este curso académico 2023-2024 hay 22.694 alumnos, tanto en la modalidad presencial como a distancia.
En concreto, la petición que va a secundar Extremadura es la de retirar la disposición adicional número 52 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sobre inclusión en el sistema de la Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación.
Está previsto que esta disposición entre en vigor desde el próximo 1 de enero de 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio.
En ese sentido, Extremadura defenderá que esta medida que se quiere implementar, "parte de la concepción errónea de considerar al alumnado como trabajadores y no está acompañada de memoria económica ni de tablas de costes de referencia", y tampoco cuenta, añade, con el soporte técnico necesario para la gestión ni el acompañamiento en la gestión de altas y bajas.
En definitiva, "forma parte de un conjunto de medidas no educativas que tiene que asumir la Administración educativa, que no cuenta con los recursos necesarios ni el personal especializado", o bien las empresas, que no tienen obligación de colaborar y, por tanto, decidir no participar en el proceso, perjudicando el sistema dual a corto plazo, señala el Ejecutivo regional.
Para la consejera María Mercedes Vaquera, "son medidas que pueden disuadir a las empresas a la hora de recibir a alumnos para realizar las prácticas en sus negocios", y considera además que se trata de medidas que se han tomado "de forma urgente, sin consenso y sin consultar a los profesionales de la educación y comunidad educativa".
