La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha pedido al Gobierno que contribuya a financiar la protección de los menores migrantes que entran en España como adultos, y que en el caso de la comunidad ascienden a 37.
"Esos menores no los financia el Estado", sino que transfiere fondos para los que llegan como menores, ha explicado, por lo que solicita que durante el tiempo que pasan en el sistema de protección de menores de la comunidad autónoma de Extremadura, estén "financiados en igualdad de condiciones que los menores que vienen como menores", ha expuesto.
Al mismo tiempo, ha indicado que los menores extremeños que están en dicho sistema de protección tienen unas necesidades sanitarias, educativas o sociales "que se cubren a pulmón desde Extremadura", de modo que lo que solicita es que el Ministerio "tenga a bien la financiación que estos menores precisan".
En respuesta al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha expuesto que, en lo que va de año, por el centro de migrantes de Mérida han pasado 4.165 personas, de los cuales solo ocho eran menores, García Espada ha subrayado que se trata de una reivindicación que no es "únicamente" de la comunidad extremeña.
Según la consejera, al albergue de Mérida llegan adultos que, una vez que están en la región o "incluso antes" manifiestan que son menores, la Fiscalía es la que determina si lo son, y "automáticamente" pasan al sistema de protección.
