El Ministerio de Transición Ecológica ha defendido este sábado que el cierre de la central nuclear de Almaraz obedece a una decisión empresarial basada en criterios económicos y no a una imposición del Gobierno.
Fuentes de Transición Ecológica han mostrado su respeto por los manifestantes que este sábado reclaman la continuidad de la actividad de la central nuclear de Almaraz y apoyan su reivindicación de trabajar por un futuro mejor para la zona.
Sin embargo, señalan que el Gobierno no puede atender a la petición de modificar el calendario de cierre -que culminaría en 2028- porque este no se ha establecido por decisión del Gobierno, sino a instancias de las propias eléctricas.
Transición Ecológica ha explicado que las nuevas normas de seguridad europeas exigen grandes inversiones a las centrales nucleares para extender su vida útil, por lo que las eléctricas han preferido dedicar esos recursos a las renovables, donde obtienen una mayor rentabilidad.
Así, en 2019, las eléctricas firmaron con la gestora de residuos radioactivos Enresa un protocolo de cierre ordenado de todas las centrales, comenzando con Almaraz I en 2027 y terminando con Trillo en 2035, un calendario que ninguna de las compañías ha pedido modificar, aunque podrían hacerlo.
