El Juzgado de Instrucción número 4 de Utrera (Sevilla) investiga inicialmente a dos vecinas de Mérida por una una presunta trama de estafas en el alquiler de viviendas vacacionales, con varias personas afectadas en la provincia de Sevilla y Madrid, que alquilaban viviendas por internet que finalmente no existían.
Según se refleja en un auto del Tribunal Supremo, que resuelve un conflicto de competencias sobre este caso, se investigan varias denuncias presentadas en Sevilla y los municipios de Pilas, Sanlúcar la Mayor y la propia Utrera, todas ellas similares, tras iniciarse la investigación por una denuncia por el alquiler de una vivienda vacacional en Chipiona (Cádiz) que en realidad no existía.
La persona que pensaba que la estaba alquilando pagó 400 euros de reserva a través de Bizum. Inicialmente se investiga a dos vecinas de Mérida (Badajoz), localidad “en la que también radica la cuenta corriente a la que fue a parar la transferencia fraudulenta”.
Posteriormente se han registrado hechos similares “mediante denuncias formuladas en Sevilla, Sanlúcar la Mayor, Madrid y Pilas”, mientras que la primera persona afectada es residente en Utrera, de ahí que sea ese juzgado el que se ha designado para dirigir la investigación.
El Supremo, de hecho, dirime la cuestión de competencia negativa planteada por Utrera frente al Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, y, ante la poca información que hay hasta el momento, entiende que el origen de la primera denunciante es prioridad para determinar qué juzgado realiza la tramitación inicial.
Aunque las presuntas responsables residen en Mérida, el Supremo apela a “la remisión de los autos por conexidad al Juzgado que primero conoció del fraude”, de modo que todas las diligencias previas se realizarán en la sala sevillana.
