Los juicios verbales posesorios ingresados por okupación ilegal de viviendas aumentaron en Extremadura de 30 en 2022 a 44 al cierre del año pasado, un 46,6 %.
En el conjunto de España han pasado de 2.785 en 2022 a 2.261 en 2023, lo que representa una disminución del 18,8 %.
Son datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para los casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social, que se manejan en los juzgados de primera instancia.
Ahora bien, esta estadística del órgano de gobierno de los jueces excluye los pisos de las empresas o sociedades que no sean persona física como bancos, sareb, constructoras o financieras.
Por comunidades, el mayor numero de procedimientos el pasado año se registraron en Andalucía (424), Cataluña (445), Comunidad Valenciana (379) y en cuarto lugar en la Comunidad de Madrid (215). Nada que ver con Cantabria con 7 y Navarra con 3.
Tan solo hay tres regiones en las que los juicios aumentaron comparado con la estadística de 2022. Baleares pasó de 109 a 118, Extremadura de 30 a 44 y La Rioja de 14 a 18,
