El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la firma de un convenio con el Organismo Autónomo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la cesión del uso de diversas aplicaciones informáticas, que no conlleva ninguna contraprestación económica para las partes.
Según señala, la Ley 39/2015, de 31 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dictaminó que la tramitación electrónica "debe ser la forma habitual de funcionamiento y de relación con los ciudadanos", para lograr una Administración "totalmente electrónica, interconectada y transparente, con el objetivo de agilizar los procedimientos y reducir los tiempos de tramitación".
En el mismo principio se inspira la Ley 40/2015, de 31 de octubre, sobre Régimen Jurídico del Sector Público, que establece la obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos, según explica el Ejecutivo regional.
Con esta finalidad, el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha desarrollado, de manera coordinada con las comunidades autónomas, la aplicación 'Ariadna', que permite la tramitación electrónica del procedimiento sancionador en un entorno compartido para iniciar actuaciones inspectoras o resolver los procedimientos sancionadores.
En otro ámbito, la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, establece las condiciones mínimas de trabajo que los empresarios deben garantizar a sus trabajadores desplazados temporalmente a España en el marco de una prestación de servicios transnacional, cualquiera que sea la legislación aplicable al contrato de trabajo.
A fin de dar cumplimiento a esta previsión, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha desarrollado una aplicación informática dirigida a posibilitar a las empresas esas comunicaciones y a constituir esa base de datos central que pueda albergar las comunicaciones realizadas a cualquier autoridad laboral en el conjunto del Estado.
De esta forma, el convenio que se ha autorizado este martes en Consejo de Gobierno "persigue establecer los derechos y obligaciones que la gestión y el uso de estas aplicaciones informáticas supone para cada administración interviniente", concluye.
