La Junta de Extremadura trabaja en la apertura de un nuevo proceso de licitación del transporte regular de viajeros por carretera, con el fin de adjudicar en un procedimiento abierto los servicios en funcionamiento de acuerdo con el actual mapa concesional de la región.
Su vigencia estará "condicionada" a la adjudicación de los futuros contratos de concesión de servicios resultantes de la puesta en marcha e implementación del Plan Extremeño de Movilidad Sostenible (PEMS), según ha informado a EFE la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Ha adelantado que este plan conllevará "una nueva distribución de servicios con un nuevo mapa concesional que reestructurará el flujo de operaciones de transporte regular de viajeros en todo el territorio autonómico".
Transportes ha aclarado que la nueva licitación será similar a la que se hizo en 2018.
Aquel contrato, dividido en 44 lotes, adjudicado a Alsa, superó los 7,3 millones de euros para un período de 20 meses a contar desde el 2019.
"Actualmente no existe un contrato como tal dividido en lotes, tal y como se licitó en 2018, sino que los servicios se prestan por las empresas operadoras en virtud de contratos de concesión de servicios individuales adjudicados directamente por un plazo máximo de dos años", ha aclarado la Junta.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha evaluado el impacto sobre las recomendaciones de su estudio sobre el transporte interurbano de viajeros en autobús de junio de 2022 y constata que, dos años y medio después, "apenas ha habido avances", y muchas concesiones están caducadas.
Según la CMNC, no se han dado pasos hacia la liberalización las rutas de más de 100 kilómetros, el diseño de los pliegos de las licitaciones no ha mejorado y muchas concesiones siguen caducadas" en contra de las recomendaciones del estudio.
Las nuevas licitaciones siguen con problemas similares a los identificados en el estudio de junio de 2022, como la falta de división en lotes o requisitos excesivos de solvencia técnica y económica.
En el sistema concesional español, a diferencia de otros países europeos como Alemania, Italia, Francia o Portugal, con competencia en media y larga distancia, las empresas privadas de autobuses prestan el servicio en régimen de monopolio tras la obtención de una concesión administrativa que les otorga la explotación en exclusiva de unas determinadas rutas.
Se trata de un enfoque de competencia “por el mercado”, en el que las empresas compiten ex ante, en concursos públicos convocados por el Estado o por las comunidades autónomas.
Desde una perspectiva de oferta, el sector del transporte interurbano en autobús ha experimentado una progresiva concentración a través de distintas operaciones en los últimos años que se refleja en que más de la mitad de los 77 contratos estatales operativos en 2023 se concentraban en tres empresas (Alsa, Samar y Avanza).
