Vox no planteará al PP, socio mayoritario de Gobierno en la Junta, que se aplique en Extremadura el llamado Pin Parental, una iniciativa de Vox que ha llevado en otras comunidades autónomas y que pretende que los padres de los alumnos tengan que autorizar de forma previa y expresa la participación de sus hijos en cualquier tipo de actividad celebrada en el centro escolar. Los que se oponen dicen que choca con la libertad de cátedra de los docentes. Así se ha dado a conocer en el pleno de la Asamblea de Extremadura, donde ha comparecido la consejera de Educación, Mercedes Vaquera para hablar de las iniciativas que llevan a cabo en educación afectiva-sexual. La consejera dice que se reforzarán los planes de convivencia escolar, con un seguimiento sobre su cumplimiento y se ampliarán los equipos de orientación, adaptándose al mundo digital. En cuanto al Pin Parental, el diputado de Vox, Álvaro Sánchez, dice que en su pacto de Gobierno con el PP no aparece tal figura y también defendía lo mismo la consejera de Educación, Mercedes Vaquera. Desde la oposición, Piedad Álvarez, por el PSOE e Irene de Miguel de unidas por Extremadura, consideraban las medidas actuales como insuficientes.
MENORES REFUGIADOS
En relación a la acogida en Mérida esta semana de menores migrantes llegados a las costas de Canarias, la diputada socialista, Isabel Gil Rosiña pide a la Junta de Extremadura un posicionamiento tajante y sin ambigüedades respecto a la defensa de los derechos humanos de estas personas, alejándose de los postulados y de las propuestas que impulsa el partido de ultraderecha VOX, socio de gobierno en Extremadura. La Consejera de salud, Sara García Espada, eludía la respuesta concreta e indicaba que antes de acoger a un número determinado de menores, debe garantizarse que hay la capacidad suficiente de acogida y que esta se preste en las mejores circunstancias, ya que las instalaciones dedicadas en Extremadura a la acogida de menores se encuentran al 90% de su ocupación aseguraba la consejera.
VIVIENDA
El portavoz de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías subraya que la Junta debe propiciar políticas acordes al derecho a la vivienda digna y alejarse de las políticas especulativas que rigen el mercado, algo que a su juicio se está propiciando. Por su parte, la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga hacía un correlato de algunas de las medidas a implantar en la materia por parte del ejecutivo regional, entre ellas la rebaja del IRPF o la agilización de las ayudas para el alquiler o pago de las viviendas.
CULTURA
Dos preguntas se relacionaban con la cultura. Por un lado, la socialista Ana María Fernández instaba a la Consejera Bazaga a dejar clara su postura sobre la actividad cultural en la región, temiéndose que esta se centre más en la cultura como negocio, mientras Bazaga subrayaba que no es esta la máxima de la Junta, aunque es consciente que hay cosas que deben cambiarse, algunas de ellas a petición de los propios promotores de los eventos culturales que se desarrollan en la región. Lo que haya que cambiar se cambiará porque es la potestad del Gobierno de la Junta, aseguraba. El PSOE anunciaba que solicitará una comparecencia de la Consejera para que de explicación de sus políticas y líneas principales para esta legislatura.
SUBVENCIONES CULTURA Y ALTOS CARGOS
Denunciaba por otra parte el socialista, José María Vergeles, que el actual secretario general de cultura, administrador único de 3 empresas culturales, solicitó previamente a su nombramiento y le han sido concedidas diversas ayudas de fondos europeos una vez estaba ya en el cargo, algo que debería ser incompatible y debería suponer una renuncia de las mismas. Defendía la Consejera Bazaga estos hechos, asegurando que hay que respetar la trayectoria privada previa, y la labor en ella de los altos cargos.
