El Pleno de la Asamblea de este próximo jueves, 21 de marzo, cuenta en el orden del día con las preguntas de los dos grupos de la oposición, PSOE y Unidas por Extremadura, a la presidenta de la Junta, María Guardiola.
En primer lugar responderá a la presidenta del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien cuestionará sobre las políticas impulsadas por el ejecutivo de Guardiola y si estas están actuando como "ascensor social" en Extremadura.
De Miguel ha justificado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que ha establecido el orden del día del pleno, señalando que las medidas impulsadas por el gobierno de coalición entre PP y Vox no están contribuyendo a "atajar las desigualdades" sino que, al contrario, están viendo como "esa brecha crece".
La líder de la coalición de izquierdas se ha centrado en dos cuestiones muy concretas, como son las becas y los avales bancarios para la compra de viviendas, en ambos casos sin establecer para ello criterios de renta, lo cual favorecerá que "las ayudas no lleguen a quien más lo necesita y con eso se trunque el ascensor social".
Por su parte, el Grupo Socialista preguntará a Guardiola si "considera que generar noticias falsas, usando para ello a la Junta de Extremadura, perjudica la convivencia y la imagen de la política".
Una cuestión que ha sido propio portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha relacionado con la aparición de 800.000 mascarillas con el cartel de "no utilizar" en un almacén de Almendralejo, mientras que la portavoz socialista, Soraya Vega, ha señalado que la pregunta va "sobre la ética y la estética en política".
Una pregunta que, como todas las que le hacen a Guardiola, "no le va a gustar", porque "lo que realmente no le gusta" es acudir a la Asamblea "a dar la cara, a debatir con la oposición" para "dar explicaciones", y que cuando las da "resulta que son mentira".
El Pleno comenzará con el acto de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía de Extremadura por parte del diputado Antonio Garrote Ledesma, del Grupo Socialista, en sustitución de Rafael Lemus.
Tras las preguntas a la presidenta, será el turno de las respuestas de sus consejeros, comenzando por la titular de Sanidad, Sara García Espada, que será interpelada sobre la renovación del convenio colectivo del transporte sanitario terrestre en Extremadura, formulada por Unidas por Extremadura.
Por su parte, el Grupo Socialista le preguntará por el número de personas sin valoración de la dependencia y sin resolución durante los primeros meses del año.
Los socialistas preguntarán asimismo sobre la división de competencias entre las actuales consejerías de la Junta para la "correcta ejecución de políticas para el campo extremeño".
El tercer punto del orden del día de este jueves es la elevación al pleno del informe sobre la ejecución del presupuesto de la Cámara correspondiente al ejercicio de 2023, para posteriormente dejar paso a las interpelaciones.
La primera, sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de memoria histórica y democrática, formulada por el diputado socialista Ricardo Andrés Utrera Fernández, y la segunda en materia de gestión de residuos, por parte de la presidenta de Unidas por Extremadura.
Asimismo, se contemplan dos mociones, una subsiguiente a una interpelación anterior instando a la Junta de Extremadura a trabajar en una "senda ascendente" de las dotaciones presupuestarias en materia de cooperación al desarrollo, formulada por el Grupo Socialista; y la otra relativa a desarrollar una serie de medidas en materia de derechos y libertades de la mujer, en este caso de Unidas por Extremadura.
La Cámara autonómica votará tres propuestas de impulso, de modo que, en la primera, los socialistas quieren instar a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas relacionadas con las Áreas de Rehabilitación Integrada, tendentes a favorecer su conocimiento social, institucional y profesional; a promover la búsqueda de la financiación necesaria y a fomentar su apertura mediante la celebración de nuevos convenios con mancomunidades y ayuntamientos.
La segunda, también registrada por los socialistas, para instar al gobierno regional a continuar la apuesta por el establecimiento de una red de centros polivalentes de servicios de proximidad para la promoción de la autonomía personal.
Finalmente, Unidas por Extremadura lleva a debate una iniciativa con la que pretende que la Junta declare zonas tensionadas de alquiler en Extremadura, entre otras medidas relacionadas con las políticas de vivienda.
