La Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Junta de Extremadura que acepta tramitar la petición de explotación directa de una mina de litio en la Sierra de la Mosca, que promueve Extremadura New Energies (ENE), al entender que este proyecto "creará daños irreversibles" en la ciudad.
"Esta acción es un paso firme en la defensa de los derechos fundamentales de nuestra comunidad, priorizando la salud, el agua y la calidad de vida sobre cualquier interés mercantil", asegura la plataforma en nota de prensa.
De esta forma, quiere defender "los intereses legítimos de Cáceres" y rechaza que "decisiones cruciales para nuestra supervivencia se tomen desde Mérida, Madrid o Bruselas, sin considerar el impacto directo que tienen en nuestra ciudad y su gente".
La plataforma critica que, varias semanas después de su presentación ante la Junta de Extremadura, sigue sin poder acceder a la documentación completa del proyecto minero. "Esta deliberada falta de transparencia nos impide dimensionar con exactitud hasta qué punto las acciones administrativas y las pretensiones de la empresa se ajustan a Derecho", recoge la nota.
"El historial de la tramitación de este proyecto desde 2017 ha estado lleno de irregularidades, y varias sentencias judiciales así lo atestiguan", añade la plataforma, que asegura que "la empresa se escuda en sus intereses mercantiles, y las vecinas y vecinos de Cáceres vemos limitada la capacidad para ejercer un control adecuado".
Asimismo, critican que "prometían transparencia máxima" en la tramitación de este proyecto que "no es público", y lamentan que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura "se equivoca en protegerles, mientras deja a la ciudadanía vendida".
Salvemos la Montaña inicia este proyecto con un recurso administrativo "con la esperanza de que las administraciones reflexionen y corrijan su rumbo, evitando la necesidad de acudir al Contencioso", al tiempo que recuerda que el Tribunal Superior de Justicia "ya ha establecido que los intereses mercantiles no pueden prevalecer sobre los derechos de la ciudadanía" y "se tiene que empezar todo de cero".
