Subrayan en un comunicado de prensa que la declaración de la zona ZEPA que afecta al complejo "nunca fue realizada formalmente, tal y como se indica en la Ley" aprobada este jueves, y con la que la Asamblea "aporta orden ante una situación que era anómala y de clara inseguridad jurídica".
Asimismo, sostienen que la decisión del parlamento regional responde al "sentir del conjunto de la sociedad extremeña". La "inmensa mayoría" de los ciudadanos, recogen en el comunicado, entiende que la situación vivida durante casi 15 años es "injusta" y que derribar Valdecañas "traería más daños que beneficios".
Los propietarios reiteran que desde el primer momento han actuado "de buena fe", y por esta razón todos sus esfuerzos en las diferentes instancias judiciales se han centrado en defender la pervivencia del complejo.
También asumen que se encuentran ante un debate de fondo entre la sostenibilidad y el futuro de Extremadura. En este sentido, Isla de Valdecañas es "un ejemplo que ha traído prosperidad y empleo", a la vez que demuestra que el desarrollo económico y la protección de la naturaleza son "plenamente compatibles".
En estos años desde su implantación, las familias de Valdecañas han "forjado un gran arraigo con toda la comunidad del Campo Arañuelo", donde han construido "vínculos profundos" con esta tierra y jamás han "pretendido cobrar indemnizaciones" y marcharse de Extremadura.
Tras la decisión del parlamento extremeño, reafirman su "plena voluntad de seguir en Valdecañas" y su compromiso con el "desarrollo económico y la protección ambiental de la zona".
