Los propietarios de Marina Isla de Valdecañas han anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) "antes del plazo previsto de 30 días" para defender la pervivencia del complejo "hasta el final", y con el argumento de que actuaron "de buen fe desde el principio" y que creen en el "futuro" del mismo. "Actuamos de buena fe desde el principio y creemos en el futuro de Isla Valdecañas", sentencian en un comunicado de prensa los propietarios, que inciden en que en este asunto "queda partido por delante" y van a seguir trabajando "en todas las instancias judiciales", motivados por su "arraigo con Extremadura" y "conscientes del valor ambiental, social y económico de la Isla".
De este modo lo apuntan los propietarios tras la "desestimación" del incidente de nulidad presentado por los mismos tras la sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo en la que decretaba la demolición total de Isla Valdecañas.
Al respecto, inciden en que la "desestimación" del incidente de nulidad por parte del Tribunal Supremo "entra dentro de lo esperado" y es algo con lo que contaban. "Forma parte de la normalidad y, en todo caso, era un trámite necesario para poder presentar Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional", explican. Así, anuncian que presentarán recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por considerar que, con la sentencia del Tribunal Supremo, "se ha podido vulnerar un derecho fundamental recogido en la Constitución Española: el derecho a la tutela judicial efectiva".
Entienden, al respecto, que el Supremo "debía valorar únicamente la existencia o no de las causas planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por las que proponía una ejecución alternativa que contemplaba mantener lo ya construido, conciliando de forma proporcionada la preservación de los intereses medio ambientales, el desarrollo del entorno y los derechos de propiedad", pero "sin embargo, fue más allá del debate planteado".
Además, en su comunicado los propietarios afirman que se sienten "plenamente respaldados" por el "apoyo mayoritario" de la sociedad extremeña, tal y como señalan que han podido confirmar tras conocer la encuesta realizada por Metroscopia, según la cual 8 de cada 10 extremeños consideran "injusta" esta situación y apoyan que se recurra "a todas las instancias judiciales posibles".
