El PSOE presentará una queja formal ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante las decisiones adoptadas por el Gobierno de María Guardiola en esta materia, al detectar en las declaraciones de bienes de los cargos públicos y eventuales de la Junta hasta 42 casos posibles de conflicto de intereses.
Así lo ha avanzado el diputado del Grupo Parlamentario Socialista José María Vergeles en su intervención en defensa de una propuesta de impulso ante el Pleno de la Asamblea en la que instaba, precisamente al Ejecutivo regional, a retomar una serie de medidas recogidas en la Ley 1/2014, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
"Creemos que se está retrocediendo en la transparencia, que no se hace lo suficiente, que todas las medidas van hacia atrás", ha señalado Vergeles, al término de su intervención en el debate de la iniciativa, que ha recibido el apoyo de Unidas por Extremadura, pero que finalmente ha sido rechazada con los votos de PP y Vox.
Según ha dicho, en la presente legislatura, el lema que llevó al gobierno regional al PP, 'Habla Extremadura', "duró tan poco como fueron nombrados los miembros" del ejecutivo, pues que el día en el que tomaron posesión del cargo se celebró un consejo de gobierno "para aprobar el derogazo" en el que suprimió la obligación de comparecencia de los altos cargos ante la Asamblea.
El diputado socialista ha señalado que el análisis de las declaraciones de bienes de los altos cargos publicadas en el Diario Oficial de Extremadura justifica que los socialistas se centren en el conflicto de intereses.
"En 42 declaraciones de bienes podemos tener conflictos de intereses que hay que solicitar", ha señalado el diputado socialista, quien ha añadido que por el momento no han recibido respuesta por escrito a su reclamación, motivo por el que han decidido apelar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como autoridad independiente.
En concreto, en su iniciativa, los socialistas instaban a la Junta a establecer un "calendario real para ganar en transparencia" la Administración Pública de Extremadura y a hacer público el Registro de Conflicto de Intereses.
Asimismo, a volver a instaurar las comparecencias previas a su nombramiento de los altos cargos de la Junta de Extremadura; y a publicar, de forma urgente, los conflictos de intereses, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 1/2014, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
