La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictado un auto, según el cual, se acuerda seguir adelante con la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, que ordena la demolición total del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, por haberse construido en un espacio calificado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), tal y como defendía Ecologistas en Acción.
Tanto la Junta de Extremadura, como los promotores del complejo, los ayuntamientos de El Berrocalejo y El Gordo, cuyos términos municipales se ven afectados por el resort turístico, así como las distintas comunidades de propietarios particulares, presentaron ante el TSJ de Extremadura, al que el TS le había devuelto la causa, un recurso de reposición contra el auto de fecha 16 de marzo de 2022, en el que se le daba un plazo de 8 meses de la Junta de Extremadura para que presentara el plan de demolición.
Todas las partes recurrentes pedían al TSJ de Extremadura la paralización de la ejecución de la sentencia del Supremo argumentando, entre otras cuestiones, que habían presentado ante el Supremo un incidente de nulidad por el hecho de que dos de los magistrados firmantes ya habían formado parte del procedimiento en instancias previas.
El TSJ expone que la interposición de incidentes de nulidad ante el TS o recursos de amparo ante el TC no suspende la ejecución de lo acordado, sin perjuicio de las medidas de suspensión que pudieran ser acordadas por los órganos competentes, por lo que el proceso de demolición del complejo debe continuar adelante.
El auto también señala que debe ser en el Plan donde se determinen los plazos, los requisitos medioambientales y la forma en que se llevará a cabo la demolición total de lo construido, sin que a día de hoy existan circunstancias o motivos para paralizar la ejecución de una sentencia que es firme.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura emplaza a la Junta de Extremadura a comunicar, en un plazo de diez días desde la notificación del auto, qué órgano y cuál será la persona titular del mismo, que se encargará de coordinar todas las actuaciones y de ser el interlocutor con la Administración de Justicia.
