Representantes de UPA-UCE Extremadura se han reunido hoy con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para presentarle sus propuestas en relación con la situación de las personas migrantes en los pueblos. Este encuentro es el primero que celebra una organización agraria con un ministerio con competencias que son, a juicio de UPA, de “enorme importancia” para la vida en los pueblos y las actividades que en ellos se desarrollan.
UPA-UCE ha señalado que las explotaciones agrícolas y ganaderas tienen una necesidad creciente de contratar a personas migrantes como mano de obra. “Las explotaciones familiares, pequeñas y medianas, son las que sufren mayores dificultades a la hora de hacer contrataciones de campaña, pues sufren la competencia de explotaciones más grandes”, ha asegurado el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.
“Constatamos como como año tras año las campañas que más mano de obra requieren están más tensionadas. Hoy abrimos una vía de trabajo y colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su papel es imprescindible”, ha asegurado la vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas. Trabajo que continuará en septiembre con una jornada de trabajo que se celebrará previsiblemente en Cáceres.
UPA considera que en la reforma del Reglamento de Extranjería, que en estos momentos se encuentra en la fase de información pública, deben aportarse soluciones a las personas migrantes que desean vivir y trabajar en las zonas rurales en España. “Debemos reforzar el arraigo”, aseguran. “La agricultura, la ganadería y el medio rural en su conjunto necesitan nuevos pobladores: Trabajadores y familias que quieran quedarse y que vean en la agricultura un sector en el que trabajar y sustentar sus proyectos de vida”, ha declarado Montse Cortiñas a los medios de comunicación al término de la reunión con la ministra Elma Saiz.
La organización agraria va a remitir alegaciones al reglamento de Extranjería para aportar soluciones a la situación de familias que pueden estar en situación irregular en los pueblos. Una labor en la que es imprescindible la colaboración de todas las Administraciones, y especialmente la Administración local.
