La Junta, a través de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ha enviado este martes al Diario Oficial de la Unión Europea el expediente de contratación del estudio de viabilidad para la obra de la autovía autonómica EX-A1 entre Moraleja y la localidad portuguesa de Monfortinho, para dos días después, el jueves 9 de enero, publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que es el portal donde está alojada la consejería como órgano de contratación.
El fin de plazo para la presentación de las ofertas será el 12 de febrero a las 15,00 horas. La primera Mesa de Contratación se celebrará el día 13 de febrero y segunda el 18 de febrero, ambas a las 09,00 horas, siendo el plazo de ejecución de doce meses desde su adjudicación.
Es un contrato que por su valor estimado 602.658,87 euros, financiados con fondos propios de la Comunidad Autónoma, está sujeto a regulación armonizada y en consecuencia el plazo de presentación de ofertas comienza desde su envío a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea y es de 36 días naturales.
La Junta iniciará con esta obra el Modelo de Colaboración Público-Privada (Modelo CPP) para planificar, desarrollar y gestionar esta "conexión fundamental" para el oeste peninsular, tal y como avanzó el pasado mes de octubre en Cáceres el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo.
Entre los objetivos de esta obra destacan la apertura de un nuevo punto de conexión con Portugal, a través de una "infraestructura segura y de calidad", una mejora "muy importante en la seguridad viaria y una mejor calidad del servicio de mantenimiento y explotación", ha informado la Junta en nota de prensa.
"VENTAJAS" DEL MODELO CPP
El Ejecutivo regional ha señalado que las "ventajas" del Modelo CPP son "numerosas", pero sobre todo supone el aumento de la calidad de las prestaciones en los contratos de concesión por las mayores exigencias de la Administración asociadas a ellos, lo que redunda en una "mayor seguridad viaria, que es uno de los objetivos prioritarios de la consejería".
Además, su utilización implica un cambio en la forma de trabajar de la Administración que, en estos modelos, va de la mano del sector privado desde el diseño de los proyectos hasta su ejecución, lo cual permite gestionar los intereses públicos en juego de una manera "más eficiente".
Además, la empresa que resulte adjudicataria de las obras es la responsable de la construcción, financiación, operación y mantenimiento de la infraestructura, y la Junta de Extremadura no tendrá que hacer ningún desembolso hasta la recepción de obra.
A partir de ese momento, la Administración autonómica, podrá en marcha un mecanismo de pagos al socio privado basado en Pago por Disponibilidad (PPD), sujeto a deducciones que aseguran una prestación del servicio con "altos estándares de calidad".
