Culpan a las dos administraciones de acusarse mutuamente de a quién le toca asumir estas subvenciones. Por eso consideran que es necesario sentarse lo antes posible para decidir tanto las cantidades como el momento en el que los mariscadores tendrán que paralizar su actividad. Manuel Baldomir, portavoz del colectivo, recuerda que mientras duren las obras de dragado, que tienen un plazo de 26 meses, no podrán trabajar en ningún punto de la ría, por lo que esas ayudas les resultan indispensables.