La basura se acumula cada día

Inés Rey: "El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de los servicios mínimos y conminará a las partes a conversar para finalizar el conflicto de la basura"

Inés Rey no toca la opción de la emergencia sanitaria para acabar con la problemática de la huelga de recogida de basura. De momento, se mantiene vigilante en el cumplimiento de los servicios mínimos y apremiará para que las negociaciones avancen hacia una solución del problema.

Alberto Gómez Barros

A Coruña | 28.06.2024 14:21

Basura acumulada en A Coruña, en junio de 2024

Hubo hoy en María Pita Junta de Gobierno extraordinaria. Y habló al final de la misma Inés Rey. Preguntada por la acumulación de basura en las calles, la alcaldesa no cita para nada la declaración de emergencia sanitaria. La decretó hace dos años en un contexto más bélico, con quema de camiones de la recogida, por ejemplo. De momento, el Concello se mantiene vigilante en las negociaciones entre empresa y el comité.

La Junta de Gobierno local aprobó varios asuntos: Construcción de un nuevo edificio en Xuxán para 50 viviendas de alquiler social, con una inversión de 10.2 millones de euros, de los que 2.4 proceden de fondos NExt Generation.

Se aprobó el nuevo contrato de iluminación para navidad y carnaval para los próximos tres años, con opción de prórroga a dos más, con una inversión que pasa de 500.000 a 800.000 euros.

Tambíen se abordaron las licencias urbanísticas, destacando el permiso para la construcción de un edificio de 15 viviendas en la zona de Ronda de Outeiro con Gaiteira.

Se aprobó el nuevo mapa de Ruído del Concello. El anterior era de 2016 y según los datos del Concello se ha pasado de 173.000 personas afectadas por contaminación acústica en 2016 a 64.000. Esta reducción, apuntó la alcaldesa se debe a las políticas de movilidad del Concello.

Y, por último, dado que ayer celebramos el XV Aniversario de la declaración de la Torre de Hércules como patrimonio de la Humanidad, se le preguntó a la alcaldesa por la cárcel. Sigue sin moverse la solución. El Gobierno exigiía al Concello el pago de 2.8 millones, que rebajó a 2.2, pero no se aprobó en el pleno municipal.