La jueza del caso Alcoa, María Tardón, aprecia delito en el proceso de venta de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés. Propone juzgar a ocho personas por las presuntas irregularidades en este traspaso de las plantas de aluminio con el fin de descapitalizarlas y de desviar sus activos hacia su patrimonio personal. Un proceso en el que unos 300 trabajadores de la planta de Agrela perdieron su empleo.
Termina así una investigación que comenzaba en el año 2020, tras una denuncia interpuesta por la Confederación de Cuadros Profesionales en representación de los directivos de Alu Ibérica. Ahora, la fiscalía y las acusaciones tienen diez días para presentar sus escritos. Después se abrirá juicio oral.
La resolución de la magistrada acuerda el sobreseimiento libre y archivo, eso sí, de las actuaciones de ALCOA Inespal y otras partes.
En su escrito, María Tardón explica que para llevar a cabo la venta de la aluminera, los 13 millones utilizados en la operación se detrajeron de la tesorería de las propias empresas que se iban a vender, en una operación diseñada por los investigados a los que propone juzgar. Además, la magistrada destaca cómo los investigados invirtieron las ganancias obtenidas en la adquisición de criptomonedas con el fin de su posterior conversión a moneda de curso legal.Actualmente, la nipona Resonac, vecina en el polígono, es propietaria de las instalaciones de la vieja Alcoa y proyecta una fábrica de baterías.
