Baltar pide al Gobierno una “negociación urgente” con la FEMP

El presidente de la Diputación de Ourense y miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Manuel Baltar, pide al Gobierno de España una “negociación urgente” con la FEMP para elaborar un real decreto que sea justo con las necesidades reales de los municipios y provincias ante las graves repercusiones de la pandemia. Baltar afirma que “mientras los socialistas se quedan solos en la isla de la desunión, sin puentes para el diálogo, el resto de las fuerzas políticas demostramos que por encima de los colores políticos están los intereses de los municipios y las provincias”.

El presidente de la Diputación de Ourense defiende que en plena pandemia del COVID-19 “reclamamos unidad, fortaleza y defensa de las economías locales y provinciales, para colaborar en la recuperación económica de familias, autónomos y empresas, y demanda

un decreto “en el que se incluyan los dos fondos de ayudas directas: uno incondicionado y otro para la financiación del transporte urbano, que la Junta de Gobierno de la FEMP reclamó unánimemente el pasado 22 de mayo. En este sentido, defiende que los ayuntamientos y diputaciones puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, para poder destinarlos a los proyectos y políticas que determine en función de sus necesidades”.

Criterios de ruralidad

Manuel Baltar defiende que en estos momentos, más que nunca, “deben tenerse en cuenta “criterios de ruralidad”, pensando “en los municipios más pequeños, en el reto demográfico y en la conectividad de las personas que viven en estos territorios. La población nunca debe ser un número”.

Asimismo, considera insuficiente el nuevo real decreto de ayudas a entidades locales contra los efectos del COVID-19, cuyo borrador ha presentado el Ministerio de Hacienda. “La no convalidación del anterior real decreto por parte del Congreso evidencia que era un mal acuerdo, que vulneraba la autonomía financiera de las entidades locales y establecía una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado”. Unos criterios que Baltar critica porque “no eran justos ni solidarios y perjudicaban gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y provincias, creando un evidente agravio”.

Manuel Baltar reclama “el inicio inmediato de nuevas negociaciones” que permitan establecer criterios de reparto de los fondos “basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España”. “Resulta imprescindible —afirma— lograr un acuerdo satisfactorio para que todas las entidades locales de España reciban urgentemente ayudas adecuadas para afrontar las graves repercusiones financieras de la pandemia del COVID-19. Desde esa voluntad sincera de diálogo, es necesario alcanzar un buen acuerdo con soluciones y medidas para dar respuesta a las necesidades reales de los vecinos de todos los municipios”, expresa el presidente de la Diputación de Ourense.

La clave de esa nueva negociación debe tener su base, según Baltar, “en acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP los pasados 2 de abril y 22 de mayo para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus, con especial atención al fondo incondicionado de 5.000 millones y al de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público. Estas ayudas son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica”, explica.

Según los acuerdos de abril y mayo, Baltar defiende que el Gobierno central “debe incluir en su nueva propuesta de real decreto la aplicación de superávits, la ampliación del plazo de las inversiones financieramente sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, además del concepto de déficit y de estabilidad al menos para 2020 y 2021, así como las medidas de ayuda directa que cuentan con un amplio respaldo político: un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los ayuntamientos y otro fondo específico de 1.000 millones para la financiación del transporte municipal”.

También considera “indispensable” garantizar en ese futuro decreto que las entidades locales “puedan participar como beneficiarias de los fondos europeos una vez concretadas las condiciones del Fondo de Recuperación aprobado en la Unión Europea. La participación de los municipios en esos fondos europeos debe ser, al menos, del 14,16 %, que es el porcentaje del gasto local respecto del gasto público total en España”.

Manuel Baltar reivindica “el papel fundamental” que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, “independientemente de su color político o de su situación económico-financiera”, un esfuerzo financiero en esa gestión de los ayuntamientos y diputaciones “que está siendo realizado hasta la fecha sin ayudas de ningún tipo, exclusivamente con recursos propios en unas circunstancias excepcionales que han hecho mermar los ingresos y aumentar los gastos de manera inédita. Necesitamos urgentemente ayudas estatales y europeas para poder continuar prestando a nuestros vecinos los servicios y medidas anti-COVID que necesitan y colaborar desde el ámbito local en la imprescindible reactivación de la economía”.

Y concluye expresando que la voluntad es seguir ejerciendo todas las iniciativas posibles “en defensa de los legítimos intereses de nuestros vecinos y para exigir las ayudas financieras que necesitan y se merecen para mantener los servicios municipales adecuados, en favor de la justicia y la igualdad de la situación financiera de las entidades locales”, remarca Manuel Baltar.