Polémico video

La Fiscalía abre diligencias para investigar la seguridad de la fábrica de Ence en Pontevedra

El ministerio público sigue la estela de los colectivos ecologistas e inicia acciones sobre las declaraciones del presidente de Ence, Ignacio Colmenares, en las que aseguraba que la caldera de recuperación de la fábrica en Pontevedra podría registrar algún incidente. Por ello, remite oficios al Seprona y a varias delegaciones de la Xunta en los que solicita "informes respecto del estado de la planta".

Redacción

Pontevedra | 05.03.2021 15:39

Fiscalía Pontevedra
Fiscalía Pontevedra | Onda Cero Pontevedra

La Fiscalía Provincial de Pontevedra ha abierto de oficio unas diligencias de investigación penal tras las declaraciones efectuadas por el presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, quien en un video difundido el pasado fin de semana advertía de que la fábrica de Lourizán podría dar "un susto medioambiental" por la falta de inversiones.

Atendiendo a esa advertencia "sobre un riesgo ambiental con posible afectación de las personas", la Fiscalía acuerda, entre otras diligencias, remitir oficios a la Unidad de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y a varias delegaciones de la Xunta "solicitando informes respecto del estado de la planta", según ha informado la Fiscalía Superior de Galicia en un comunicado.

Las declaraciones de Ignacio de Colmenares ya habían sido denunciadas en un juzgado por la Asociación Pola Defensa da Ría por dos argumentos que consideran pueden ser constitutivos de delito. Así, por un lado en las declaraciones se hacía referencia a las siete reuniones del presidente de Ence con el secretario del Ministerio de Transición Ecológica y, por otro, a la situación de peligrosidad de las instalaciones de la fábrica de Lourizán, en particular al estado actual de la caldera de recuperación.

La polémica se produce en plena tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el Congreso. La Dirección de Ence reclama la modificación del artículo 18.4 de la futura ley descartando una aplicación retroactiva del límite de 75 años para las concesiones en terrenos situados en el dominio público marítimo-terrestre, de competencia estatal.