La decisión de disolver el organismo autónomo del Pazo da Cultura, para recuperar un mayor control de la gestión cultural, provocó el despido o cese de la gerente. Pilar Portela denunció al concello por despido nulo y, por lo tanto, pedía ser restituida en su puesto de trabajo. Este jueves conociamos el fallo judicial: le da razón a la trabajadora y declara su salida como un despido improcedente. Por lo tanto, el concello está obligado a compensar económicamente con 127.000 euros de indemnización.
La concejala de personal de Pontevedra, Carmen Fouces, explicaba, en las últimas horas, que esta resolución judicial será recurrida al TSXG. Una medida que ha enojado, aún más, al Partido Popular. Pepa Pardo ha lamentado que un gobierno progresista le dé la espalda a los trabajadores y ha exigido la inmediata readmisión de la trabajadora, como ya reclamaron diferentes organizaciones sindicales.
También, reivindica depuración de responsabilidades políticas ante este caso. Y pide al alcalde de Pontevedra la dimisión de Carmen Fouces. Considera Pardo que no está facultada ni avalada por las evidencias para seguir un minuto más al frente de la concejalía de personal.
La edil del PP recordó que este caso de conflicto laboral no es único ni último que pondrá en jaque a la actual responsable de este área del gobierno municipal. Además, los populares reiteraron la necesidad de seguir investigando las contrataciones que se realizan a todos los niveles.
