El colectivos de trabajadores de la fábrica de Pontevedra buscan agotar todas las fórmulas posibles que puedan desactivar el peligro que, a su juicio, supone para el futuro de la pastera en Lourizán el artículo 18.3 y 18.4 de la nueva ley de Cambio Climático, actualmente en tramitación y votación en el Congreso. De ahí sus dos últimos encuentros con grupos nacionalistas de la Cámara Baja.
Joan Capdevilla, miembro de la cámara baja como diputado de ERC, reconoció que el polémico articulo en la Ley no tiene demasiado sentido porque su grupo político considera que debería incluirse una Ley de Costas y no de Cambio Climático. Abiertamente asegura que votaron a favor por petición expresa del BNG. Eso sí, el diputado de ERC abrió la posibilidad de mediar con el BNG para provocar una reunión antes de que finalice la tramitación de la Ley.
Por el contrario, la posición de Bildu fue más clara y contundente: son partidarios de ese artículo en la redacción del texto legislativo porque entre sus objetivos políticos se encuentra liberar a la costa vasca de industria pesada. A pesar de esta inamovible posición, el comité quiso agradecer el tiempo y la atención dispensada por parte de este grupo político a los representantes de los trabajadores de Ence.
La posición de Bildu no ha pasado desapercibida para el gobierno de la Xunta. El vicepresidente Alfonso Rueda asegura que el gobierno central niega una realidad con respecto a la influencia negativa de la Ley de Cambio Climático sobre el futura de la fábrica de Ence en Pontevedra. Rueda cree que hay suficientes evidencias de que sí tiene consecuencias jurídicas porque la pretensión de Bildu es que se aplique el mismo artículo, que afecta a la pastera de Pontevedra, para liberar la costa vasca de algunas industrias.
Por su parte, la Xunta de Galicia acaba de trasladar al Gobierno central el informe, elaborado por la Asesoría Xurídica Xeral, sobre la Ley de cambio climático, que concluye que el artículo 18.4 es “frontalmente inconstitucional”, además de determinar que este apartado de la norma y el 18.3 son “contrarios a la seguridad jurídica”.
El informe de la Asesoría Jurídica General de la Xunta fue enviado, junto con una carta, en la que se le reitera a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que de no proceder a la retirada de los artículos 18.3 y 18.4 del proyecto de ley, su redacción afectará a la seguridad jurídica del tejido que se encuentra en el dominio público marítimo terrestre en Galicia. Un escenario que podría marcar un nuevo camino, un vez aprobado el proyecto de Ley. De la vía política se pasaría a la judicial. Y no sería descartable un posible recurso ante el Tribunal Constitucional.
