El Partido Popular de Pontevedra da el paso y llevará al juzgado la gestión del gobierno local de Fernández Lores por contratos que podrían incurrir en la prevaricación, entre otros delitos. Rafael Domínguez, presidente local del partido y a su vez portavoz del grupo municipal, denunciará ante la Fiscalía y el juzgado de guardia la gestión del gobierno local de Fernández Lores, en concreto, en lo relacionado con una serie de contratos menores que fueron adjudicados a colectivos o personas afines al BNG y vinculados a miembros del propio gobierno.
Además, el PP cree que incumple la normativa de contratos en el último pago del alquiler de los terrenos de A Canicouva, por un valor de 20.000, con el argumento de instalar una planta de Compost que, de momento, no está prevista su construcción después de varios años.
Los populares consideran que esta serie de contratos no exhiben la suficiente transparencia pueden ser constitutivos de un presunto caso de prevaricación. Por lo pronto, Domínguez ha convocado a su Ejecutiva local para este martes, a las 20.30 horas en su sede local, con la finalidad de analizar este paso de judicializar la gestión del gobierno local.
Esta denuncia también se extiende al partido socialista, los socios de gobierno del BNG, al entender que respaldan la gestión de los nacionalistas con su apoyo.
REACCIÓN
El gobierno local se muestra tranquilo e indiferente con respecto al paso judicial que pretende dar los populares, poniendo en manos de la justicia el proceso de contratación de colectivos y personas que, en algunos casos, estarían vinculados de una u otra forma al BNG. Anabel Gulias, portavoz del gobierno de Pontevedra, reitera la confianza en los técnicos municipales a la hora de validar los contratos realizados en ejercicios anteriores en ámbitos como el cultural y social. Considera que el PP solo pretende hacer un poco más de ruido con este asunto que carece de argumentos sólidos. Y lamenta que el principal grupo de la oposición pierda el tiempo en esta serie de cosas.
Sigue insistiendo en que existe una normativa de contratos, supervisada por técnicos ajenos al terreno político que validan o invalidan cada propuesta de adjudicación.
