El Consello de Contas ha evaluado la financiación de los servicios públicos básicos entre 2009-2021. Concluye que cada año Galicia dedica 6.859 millones de euros al gasto en sanidad, educación y servicios sociales; la liquidación que recibe del Fondo de Garantía es de 5.324 millones de euros, por lo que el déficit de financiación se sitúa en 1.535 millones anuales (1.075 si se excluye otra financiación adicional para estos servicios; computando sólo el gasto financiado con fondos propios de la comunidad). Si se tiene en cuenta todo el período analizado, el déficit acumulado es de 13.975 millones de euros. Si el cálculo se realiza por habitante, serían 559 euros por habitante al año.
Impacto sobre el endeudamiento de la comunidad
Establece el informe que esta insuficiencia en los ingresos en nuestra comunidad se ha gestionado recurriendo a niveles de gasto inferiores a otras autonomías, por lo que «le ha permitido moverse dentro del déficit autorizado en Contabilidad Nacional y cumplir de forma generalizada (salvo en dos ejercicios) los objetivos de estabilidad presupuestaria». Y añade: «Galicia presenta, a lo largo del período analizado, un nivel de gasto y déficit público inferior a la media de las comunidades autónomas»; señala que «la deuda de Galicia creció menos que las de otras comunidades como consecuencia del cumplimiento de estos objetivos (de estabilidad)».
Propuesta del Ministerio para la reforma del sistema
Contas afirma que, a pesar de que hubo un crecimiento de la financiación autonómica hasta el año 2019, Galicia fue de las autonomías en las que menos incremento se registró. Lo atribuye a la «pérdida sistemática de población total y ajustada». Incide en varios apartados en que ese criterio empleado por el Gobierno central (el indicador de población ajustada) no tiene en cuenta variables (como el envejecimiento, dispersión, etc.) que influyen en el gasto que la comunidad debe realizar para la prestación de los servicios públicos.
En cuanto a la propuesta presentada en su día por el Ministerio de Hacienda, para abordar una futura reforma del sistema de financiación, basada en una nueva determinación de la población ajustada, en sus conclusiones el Consello de Contas solicita que el cálculo se base «en un estudio riguroso del coste de la prestación de los servicios». Mantiene que a pesar de que la propuesta aproxima las ponderaciones y la definición de las variables poblaciones «a las necesidades reales de gasto», continúa sin tener peso algunos factores que inciden en el sobrecoste de la prestación de servicios en Galicia (de nuevo, envejecimiento de la población o dispersión, entre otros).
Rebajas fiscales aplicadas por la Xunta
El Consello de Contas se fija especialmente en los ejercicios 2021 y 2022 a la hora de analizar el impacto de la capacidad normativa disponible por la comunidad en materia tributaria (elevar o reducir los tributos cedidos). El informe establece que en esos años se «visualizó un cambio de tendencia en los efectos del ejercicio de esas medidas tributarias, con un saldo negativo en la recaudación que refleja que los beneficios fiscales superan las medidas de incremento de recaudación».
En sus conclusiones, Contas recomienda mejorar la información sobre las medidas tributarias adoptadas y publicarlas en el portal de transparencia. Así como «valorar el impacto sobre la suficiencia y la equidad de escenarios definido por posibles incrementos de la capacidad fiscal».
