, que ha desestimado el recurso de la firma gallega contra la sentencia del Mercantil de Oviedo que en noviembre de 2013 le condenó a pagar 25 millones euros por las pérdidas ocasionadas a su filial gijonesa, Juliana, en el concurso de acreedores de esta última.
Tal y como han informado a Europa Press fuentes de la empresa, el astillero está ultimando los pormenores del recurso, que presentará ante el Tribunal Supremo "lo antes posible" para evitar "dilatar" más el proceso.
Así las cosas, estas mismas fuentes han explicado que esta sentencia ratifica a la que había emitido el juzgado de lo Mercantil, si bien "difiere" en la quita de los intereses del principal.
Sobre ello, han incidido en que esta sentencia "no tiene consecuencias económicas para Vulcano puesto que en 2013 ya se provisionó la cantidad fijada". "Ya sólo cabe esperar una posible mejora en el recurso ante el Tribunal Supremo", ha rematado.
FALLO
La Audiencia Provincial de Oviedo mantiene en su sentencia la condena de 25 millones de euros, y la de 500.000 euros para cada uno de los administradores en Juliana (Fernando Santodomingo --expresidente de Vulcano--, José Manuel Domínguez y José Luis Méndez), que fueron condenados en 2013 por la quiebra de la filial.
El nuevo fallo únicamente acepta eximir a los condenados del pago de intereses moratorios, al contrario de lo que había fijado el juzgado de lo Mercantil.
La sentencia estimaba, en parte, las argumentación del informe de los síndicos de Juliana, en el que se demandaba la culpabilidad de Vulcano en el concurso de acreedores de la entidad gijonesa. El juez considera que Vulcano y sus administradores, gestionaron la filial, y concretamente la subcontratación de tres buques a armadores noruegos, con actitud de "vampirismo" sobre la dominada.
El objetivo sería salvar la difícil situación económica de la firma gallega, sin tener en cuenta los perjuicios ocasionados a la planta gijonesa. Así, criticaba que Vulcano, tras subcontratar la construcción de estos buques a finales de 2006 y principios de 2007, decide unilateralmente, a finales de 2008, trasladar los trabajos a Vigo, sin liquidar los gastos ocasionados en la factoría gijonesa, así como las deudas de los acreedores. Una cuantía que supera los 58 millones de euros.
