El Gobierno murciano prohibirá por decreto ley los vertidos al Mar Menor por la rambla cartagenera del Albujón para obligar al central a eliminarlos y le pedirá que le transfiera las competencias de costas y de la cuenca vertiente para poder detener la crisis ambiental que está causando la muerte de cientos de miles de peces en sus aguas.
Tras un Consejo de Gobierno extraordinario monográfico sobre esta cuestión después de que desde el pasado lunes se venga repitiendo la llegada de cadáveres de peces y crustáceos a las playas de la laguna salada, el presidente autonómico, Fernando López Miras, ha exigido también este viernes al Gobierno central recupere el calado de la gola de Marchamalo para intercambiar agua de la cubeta norte a la sur para oxigenar esta última, la zona donde están muriendo.
Una medida "más que necesaria", según los expertos del comité de asesoramiento científico de su Gobierno para el Mar Menor, que, si el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico no toma, el Gobierno murciano recurrirá a los tribunales para que obligue a hacerlo al central o autorice al autonómico a actuar cautelarísimamente.
"Por eso, esta misma noche desplazaremos a esa zona las máquinas necesarias para la recuperación de ese canal, con lo que absolutamente todo estará previsto para que el Gobierno central actúe o nos deje actuar a nosotros", ha señalado.
"Queremos ser, ha añadido, los que tomamos las decisiones, todas las necesarias. Sabemos cuáles son, están escritas, en el plan de eliminación de vertidos al Mar Menor, conocido popularmente como de vertido cero. No nos va a temblar el pulso para tomarlas. Hoy se termina aquí el debate sobre las competencias, tras el que nadie podrá esconderse ya. Tendemos la mano al Gobierno de España con la voluntad de colaborar ante un único interés compartido".
"Vamos a trabajar por que todas las competencias recaigan en Gobierno de Murcia. Queremos ser los únicos responsables y desarrollar actuaciones pertinentes de forma urgente. Queremos actuar para recuperar" un Mar Menor "que lleva años pidiendo auxilio a gritos", ha reclacado.
Volviendo a los vertidos que llegan por la rambla del Albujón, ha indicado que al estar ya los agrícolas prohibidas por ley, los existentes proceden del nivel freático del acuífero de la época cuaternaria, "pues contiene nitratos para estar vertiéndolos durante 50 años", con lo que hay que sacarle agua con bombeos.
Ha recordado que ese acuífero vierte cada día 30 millones de litros de agua dulce y 5.000 kilos de nutrientes al Mar Menor, por lo que la única solución es frenar su llegada, dado que hoy están prohibidos los pozos con los que antes se extraía para regar los cultivos de la comarca del Campo de Cartagena.
El Gobierno de Murcia "ha puesto en marcha todo cuanto está en su mano para salvar el Mar Menor y protegerlo y salta a la vista que ha sido insuficiente, pero es posible revertir la situación con decisiones drásticas, firmes y rotundas como estas, que dan respuesta a problemas que el central no soluciona, lo que genera terribles consecuencias, y hasta aquí hemos llegado".
La Región de Murcia lleva "tres años pidiendo que el Estado ejecute el plan vertido cero. Si no lo va a hacer, que nos deje hacerlo. Tiene el 80 % de las competencias. ¿Por qué no cumple el Miteco sus obligaciones plasmadas en ese documento de consenso?", se ha preguntado antes de anunciar que estaban convocados a una reunión esta noche los alcaldes de todas las localidades ribereñas.
Al igual que su reclamación de las competencias de costas, tampoco ha sido nueva su comparación del desastre medioambiental del Mar Menor, que recuerda al grave episodio de mortandad de fauna marina por la anoxia de 2019, con el del hundimiento del petrolero Prestige en la costa gallega para recurrir a la ayuda del Estado.
"Ante desastres naturales, deben tomarse medidas complejas, amplias y ambiciosas, como se hizo tras el desastre del Prestige, ante el que el Gobierno central invirtió mil millones de euros sin desentenderse ni decir que era responsabilidad de los gallegos".
La Región de Murcia invierte cada año más 50 millones en el Mar Menor y asume competencias impropias como la limpieza de fangos y lodos, ha concluido sobre una cuestión que para el PSOE es responsabilidad municipal, no estatal.
