Murcia | (Publicado 06.06.2019 12:23 )
Un escrito de apelación del letrado de la Comunidad Autónoma fechado el 18 de marzo de 2019, contra un auto de la juez denegando la intervención de la planta solicitada por la Fiscalía, advierte a la magistrada de que la previsible duración de las actuaciones judiciales “tendría como consecuencia más probable e indeseada el total abono del importe derivado del contrato de arrendamiento (unos 600 millones de euros) y que esa circunstancia no se remedia con la simple remoción de los administradores de la desaladora ni con el nombramiento de otros nuevos.
El letrado de la comunidad habla en su auto de “desastrosas consecuencias para la Hacienda Pública Regional y, por extensión, para todos los ciudadanos de la región” y recomienda el nombramiento de un Interventor Judicial perteneciente a la Intervención General del Estado para moderar o atemperar de forma inmediata el perjuicio económico constante al que la CARM se ve sometida todos los meses.
La gestión actual de venta de agua desalinizada sirve para cubrir los gastos de funcionamiento diario pero no las cuotas del arrendamiento financiero que suplen los presupuestos de la Comunidad Autónoma “y por tanto es el erario público el que se ve perjudicado por los contratos vigentes”.
“En definitiva, debe ser el interventor judicial quien determine si procede seguir realizando pagos a Hydromanagement en concepto de arrendamiento de la planta una vez que se ha sobrepasado el cortes de construcción y en base a unos contratos que están siendo objeto de investigación por la Jurisdicción Penal” subraya el letrado de la comunidad que añade “aunque la herida se causó en el pasado, la víctima sigue desangrándose en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro si no se adoptan medidas”.
El letrado insiste en su auto que la Comunidad Autónoma, a la que pertenece la Desaladora de Escombreras, únicamente puede ser calificada como parte perjudicada y subraya que “...la CARM nunca ha tenido ocasión material de pronunciarse sobre los contratos, sino que ha ido a remolque de las dudosamente acertadas decisiones de los investigados, los cuales , lejos de actuar en representación y defensa de intereses públicos más bien pudieron atender a intereses particulares…” En el caso La Sal están imputados, entre otros, el ex consejero de Agricultura, Antonio Cerdá y el ex presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas que también fue director general del Agua de la consejería de Agricultura.
El auto de la CARM ante la juez dice que "no cabe achacar pasividad a la CARM respecto al clausulado de los contratos" y considera "idóneo dirigir una acción que permita modificar, atemperar o mitigar los citados contratos a través de la figura del interventor judicial, ya que la efectiva prolongación de la ejecución de los contratos investigados produce una continua sangría a los caudales públicos autonómicos (incluso estatales) hasta alcanzar, si se ejecutan los mismos totalmente, una cifra cercana a los 600 millones de euros por una planta desalinizadora cuyo valor no puede ir más allá del coste real de la construcción de la misma..." La CARM ha satisfecho renta por valor de 100.431.000 millones de euros por lo que restan 439.585 por abonar hasta el ejercicio 2034.
El caso La Sal (desaladora de Escombreras) que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia sigue su curso y la semana que viene declararán en calidad de testigos Miguel Ángel Cámara ( ex alcalde de Murcia), Pilar Barreiro (ex alcaldesa de Cartagena), María Antonia Conesa ( ex alcaldesa de Fuente Alamo), José Salvador Fuentes Zorita ( ex presidente de la CHS), Eduardo Garro (interventor general de la Comunidad), Francisco Ferrer (ex director de los servicios jurídicos) y el abogado Gaspar Ariño, como responsable del gabinete jurídico que en su día emitió varios informes para el Ente Publico del Agua (EPA).