La alcaldesa de Santomera, Inmaculada Sánchez: "No podía imaginar que determinadas oligarquías y oscuros poderes fácticos fuesen tan cotidianos en la región de Murcia".

Tanto la alcaldesa socialista de Santomera, Inmaculada Sánchez, como su concejal de Urbanismo, Joaquín Rubio, que siempre han defendido que la decisión de cerrar la cantera de ARIMESA no era una decisión política sino técnica y jurídica, denunciarán por denuncia falsa al propietario de la citada empresa, José García Balibrea después de que la Audiencia Provincial haya sentenciado que la actuación municipal “siempre estuvo sujeta a la ley”. Sánchez ha relatado en Onda Cero que irán judicialmente contra García Balibrea “por la persecución a la que nos ha sometido y por todo lo que no ha hecho pasar durante estos años con escraches diarios a las puertas del ayuntamiento e insultos delante de mi familia”. La alcaldesa de Santomera no espera que la empresa ARIMESA ni el PP que exigió su dimisión le pidan disculpas, aunque lo desearía “por el sufrimiento que han infringido a mis padres”. Inmaculada Sánchez lamenta haber descubierto que “determinados y oscuros poderes fácticos en esta región son más cotidianos de lo que parece” y explica que “García Balibrea me propuso que me reuniera con él a sola fuera de Santomera para arreglarlo todo tomando un café”. La Audiencia Provincial, considera el consistorio, no solo ha desestimado la querella por prevaricación de ARIMESA contra la alcaldesa de Santomera, sino que no considera válida la orden de 2 de junio de 2015, por la que la consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio –entonces en manos de Francisco Bernabé- obligaba al Consistorio a emitir una cédula de compatibilidad urbanística sin condiciones a la empresa de áridos. Una sentencia firme de TSJ de Murcia, fechada en enero de 2015, reclamaba el cierre de la instalaciones de la cantera por carecer de una licencia de actividad válida, puesto que la emitida en 1974 por el Gobierno Civil solo les permitía la trituración y clasificación de áridos, pero no así las actividades extractivas propias de una cantera. Inmaculada Sánchez denuncia la connivencia que ha existido entre el PP y la empresa ARIMESA pese a las claras sentencias judiciales. Y es que, en junio del año pasado, Arimesa se querelló contra los dos políticos y el técnico municipal, a los que acusaba de un delito de prevaricación por omisión. Según la denuncia, el Ayuntamiento de Santomera obstruyó de forma deliberada la concesión de la cédula de compatibilidad urbanística que la mercantil necesita para obtener la autorización ambiental única y, con ella, una nueva licencia de actividad. Según la sentencia, no fue así, y por ello obliga a la empresa querellante a asumir íntegramente las costas procesales. La Audiencia Provincial también concluye que la Orden de 2 de junio de 2015, por la que la Consejería de Fomento obligaba al Ayuntamiento de Santomera a emitir una cédula de compatibilidad urbanística sin condiciones" se dictó sin que el Ayuntamiento tuviera participación en el procedimiento de su dictado”.