El pasado 6 de octubre se detectó bajo un apoyo aparentemente propiedad de Iberdrola y que da servicio a las Casas del Civil (Murcia) unos restos (plumas y huesos) compatibles con un águila perdicera. Este hallazgo fue comunicado al SEPRONA vía mail. Posteriormente, la semana pasada se detectó en el mismo apoyo un nuevo cadáver de águila perdicera juvenil anillada. En este caso, los hechos fueron comunicados a los agentes medioambientales que procedieron a levantar ambos cadáveres. Bajo ese apoyo también se encontraban restos de un cernícalo.
Además, según testimonios recogidos en la zona, ese mismo apoyo acumula una larga trayectoria de muertes de aves silvestres con, al menos, un búho real y un ratonero. La base de datos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia recoge la muerte de otro búho en esa zona en el año 2014. Por tanto, se trata de una zona con conocida peligrosidad y sobre la que no se ha actuado.
Además, en apoyos próximos, se encontraron los restos de un búho real marcado en la provincia de Alicante. A la vista de la gravedad de los hechos, la Asociación Región de Murcia Limpia y ANSE han remitido sendas denuncias contra Iberdrola ante la Fiscalía de Medio Ambiente y la Dirección General de Medio Natural por la muerte de aves protegidas.
Se da la circunstancia de que en el pasado mes de mayo, ANSE ya denunció, también ante Fiscalía y Dirección General del Medio Natural, la muerte de otra águila perdicera en los Martínez del Puerto en otro apoyo también propiedad de Iberdrola. El caso se encuentra aún en investigación y se desconoce la situación del expediente.
Tras conocer los hechos, la Asociación Región de Murcia Limpia y la Asociación de Naturalistas del Sureste han presentado dos denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente y ante la Dirección General del Medio Natural. En la primera de las denuncias se pide a la Fiscalía que se investigue si Iberdrola ha cometido algún delito por la muerte de dos ejemplares de esta especie gravemente amenazada en un tendido de conocida peligrosidad.
Por su parte, ANSE y la Asociación Región de Murcia Limpia piden a la Dirección General de Medio Natural que abra de forma inmediata un expediente sancionador que depure, en caso de no existir delito, las responsabilidades e imponga una sanción ejemplar, a la vez que se inste a la compañía a la inmediata corrección de todo el tendido.
El caso denunciado ha supuesto la muerte de 3 águilas perdiceras en tendidos propiedad de Iberdrola en tan sólo seis meses y en un espacio comprendido entre Los Martínez del Puerto y La Tercia. Estas tres electrocuciones junto con el análisis del histórico de muertes registrado por la CARM (2012-2020) indican que la llanura litoral comprendida entre los Saladares del Guadalentín y el Mar Menor constituye el gran sumidero de águilas perdiceras de la Región de Murcia que probablemente también sea relevante a escala ibérica.
Según los datos recopilados en esa zona, se ha detectado la muerte por electrocución de, al menos, 34 ejemplares en los últimos 9 años: 31 del total de las 42 registradas (73 %) por la Comunidad Autónoma más las 3 denunciadas en 2021. En definitiva, se trata de una situación inadmisible teniendo en cuenta que su población regional se limita a 23 parejas.
La citada llanura litoral no está protegida como ZEPA, ni está incluida en el Plan de Recuperación de la especie, tampoco está considerada como zona de protección frente a las electrocuciones, lo que dificulta la adopción de medidas eficaces para reducir la principal causa de mortalidad no natural de esta especie amenazada. Sin embargo, el RD 1432/2008 obligaría a la Comunidad Autónoma a su consideración como área de protección pues deben incluirse "Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, o en los catálogos autonómicos (...)" tal y como es el caso.
Las organizaciones denunciantes recuerdan que el águila perdicera se encuentra catalogada como "En Peligro de Extinción" en la Ley Regional y como "Vulnerable" en el Catálogo Español Especies Amenazadas, y que precisamente las electrocuciones son la primera causa de mortalidad no natural de esta especie. Por esta razón, las organizaciones ambientales pidieron la ampliación del ámbito territorial del área de protección de aves frente a la electrocución a todo el territorio de la Región, tal y como ya ha hecho Castilla y León.
Igualmente, se pedirá a la CARM la revisión del Plan de Recuperación del Águila perdicera, cuyo primer periodo de intervenciones finalizó el pasado verano, y la revisión del Decreto 59/2016 de protección de las aves frente a las electrocuciones para que se incluya la llanura litoral por su importancia para la especie.
Precisamente, el pasado mes de enero las organizaciones ambientales de la Región de Murcia (ANSE, Ecologistas en Acción Región Murciana, Naturactúa, Meles, Anida, Ulula, Stipa y Caralluma) pidieron medidas concretas a la Administración Regional para acabar a corto plazo con las electrocuciones de aves amenazadas en los tendidos eléctricos de la Región de Murcia. La CARM únicamente respondió a las organizaciones limitándose a señalar algunas de las medidas ya adoptadas amparándose en el convenio con Iberdrola. En la respuesta la Comunidad Autónoma no aportaba datos concretos, ni realizaba avances significativos.
