El águila se encontraba colgando aún del poste y la electrocución fue certificada por Agentes Medioambientales que retiraron el cadáver y lo trasladaron al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle. El tendido eléctrico donde se produjo la muerte pertenece a Iberdrola y la muerte se produjo en un entronque con una peligrosidad evidente que presentaba numerosas conexiones con tensión por encima del apoyo. Además, el hábitat circundante era adecuado para grandes rapaces.
Tras conocer los hechos, la Asociación de Naturalistas del Sureste ha presentado dos denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente y ante la Dirección General del Medio Natural. En la primera de las denuncias se pide a la Fiscalía que se investigue si Iberdrola ha cometido algún delito por la muerte de esta especie gravemente amenazada.
Por su parte, ANSE pide a la Dirección General de Medio Natural que abra de forma inmediata un expediente sancionador que depure, en caso de no existir delito, las responsabilidades e imponga una sanción ejemplar.
ANSE recuerda que el águila perdicera se encuentra catalogada como "En Peligro de Extinción" en la Ley Regional y como "Vulnerable" en el Catálogo Español Especies Amenazadas, y que precisamente las electrocuciones son la primera causa de mortalidad no natural de esta especie. Así, la Asociación hizo público que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia había registrado la muerte de, al menos, 42 ejemplares en los últimos 8 años. Se trata de una situación inadmisible teniendo en cuenta que su población regional se limita a 23 parejas.
Precisamente, el pasado mes de enero las organizaciones ambientales de la Región de Murcia (ANSE, Ecologistas en Acción Región Murciana, Naturactúa, Meles, Anida, Ulula, Stipa y Caralluma) pidieron medidas concretas a la Administración Regional para acabar a corto plazo con las electrocuciones de aves amenazadas en los tendidos eléctricos de la Región de Murcia.. La CARM únicamente respondió a las organizaciones limitándose a señalar algunas de las medidas ya adoptadas amparándose en el convenio con Iberdrola. En la respuesta la Comunidad Autónoma no aportaba datos concretos y ni realizaba avances significativos.
Anteriormente, ANSE había solicitado a la CARM los datos de la Red de Seguimiento de Electrocuciones (Electromur) amparada el derecho a acceso a la información medioambiental, pero la Comunidad Autónoma no ha respondido a estos requerimientos incumpliendo la legislación vigente. En definitiva, la Asociación lamenta la pasividad y la falta de información sobre este asunto, lo que está dificultando la solución de esta grave amenaza para la biodiversidad.
