Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha valorado positivamente el auto de 25 de noviembre de 2022 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Cartagena, que prohíbe el cultivo en varias parcelas agrícolas por la presencia de metales pesados en las mismas, con el fin de preservar la salud pública, y que se ha producido en el marco de las Diligencias de Investigación del caso judicial relativo a los residuos peligrosos que contenía la Balsa Jenny.
El auto, que se basa en el informe elaborado por la Guardia Civil tras la toma de muestras y su análisis, indica que la actividad agrícola es incompatible con el nivel de metales pesados que existe en las parcelas. En el mismo se advierte que la presencia de plomo supera en más de 200 veces los niveles genéricos de referencia, el arsénico en más de 100, y el cadmio en casi 100 veces, al igual que el cobre y el cinc. Estos metales pueden tener consecuencias graves en la salud humana por ingestión de los mismos, por lo que la adopción de esta medida cautelar por parte del Juzgado resulta totalmente necesaria, razonable y adecuada.
De no tomarse esta medida, se correría el riesgo de poner en peligro la salud pública, ya que los productos cultivados podrían contener niveles intolerables de metales pesados, que llegarían al consumidor final, lo que además podría suponer incumplimiento de la legislación vigente sobre niveles seguros de metales en los alimentos.
Para Ecologistas en Acción, "esta medida judicial implica que se está poniendo en manos del Juzgado una labor de control y protección de la salud pública y el medio ambiente, que debería ejercer la Administración Regional, que es la garante, competente y encargada de velar por la salud de los consumidores. Por eso resulta doblemente incomprensible que la Consejería competente, no solo no haya adoptado estas medidas previamente, sino que además, una vez que la Guardia Civil emitió su informe, el Consejero Luengo se limitó a negar la gravedad de la situación y a asegurar que los suelos eran aptos para el cultivo, en lugar de adoptar medidas preventivas de protección".
Para la organización ecologista, resulta evidente que "la actitud del Gobierno Regional es la de una defensa férrea y legitimación sin límites del sector agrícola, sin importar las afecciones al medio ambiente ni a la salud pública que esto pueda provocar. Justo lo contrario a la defensa del interés general que tiene encomendado el ejecutivo".
"La insuficiencia e ineficacia en el control y vigilancia por el órgano competente se ha puesto en evidencia, máxime cuando se trata de productos que están certificados con el sello de Agricultura Ecológica, sometidos a mayor control e inspección, y finalmente ha tenido que ser un juez el que proteja la salud de los consumidores de manera preventiva" concluye la organización ecologista.
