Ecologistas en Acción denuncia que el Gobierno Regional utiliza el COVID-19 para desproteger el medio ambiente y la salud pública.

Para la organización ecologistas “la única justificación para evitar la tramitación ordinaria y usar el Decreto-Ley para estos cambios es hurtar el debate, la participación pública y el control de los órganos consultivos, para poder contentar a ciertos empresarios sin cortapisas”.

Ecologistas en Acción se niega a aceptar el mensaje soterrado de que “para recuperarnos de la crisis debemos contaminar más y degradar más el medio ambiente”, algo no sólo falso, sino contrario a la realidad.

Ecologistas en Acción denuncia que el Gobierno Regional, escudándose en la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, ha presentado y aprobado este jueves el Decreto-Ley de mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área del medio ambiente, que modifica la ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia.

Este Decreto-Ley supone un paso más en la estrategia del gobierno regional, consistente en aprovechar la excusa de la Covid-19 para desmantelar los pocos vestigios que quedaban de política ambiental. Y es que, denuncian, esta modificación de la ley de Protección Ambiental se suma a las recientes modificaciones en la Ley de Puertos y en la Ley del Suelo, entre otros cambios legislativos, lo cual supone un grave paso atrás a la hora de garantizar la salud ambiental de todos los murcianos y murcianas.

Aunque Ecologistas en Acción está a la espera de poder acceder al texto legal, si han emitido una primera valoración basándose en los anuncios realizados por el propio Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

Para la organización ecologista, el paso atrás que supone esta modificación legal se concreta, entre otros aspectos, en los siguientes:

1. Se pone en manos de los ayuntamientos la evaluación ambiental de los nuevos planes de desarrollo y sus proyectos de urbanización, lo que excede de las capacidades de muchos ayuntamientos y además se reducen las ya escasas garantías de una evaluación independiente y objetiva de los proyectos, porque son justamente los propios ayuntamientos los promotores de estas actuaciones urbanísticas. El resultado será una expansión urbanística aún más acelerada y caótica que la actual, lo que reducirá superficies verdes, espacios rurales y naturales y aumentará la congestión de los espacios urbanos ya existentes. Esto, unido al incremento de la edificabilidad introducida en los cambios de la Ley del Suelo, consumirá espacio verde, aumentará la congestión urbana y degradará la calidad de los espacios residenciales actuales, justo lo contrario de lo que hace falta para afrontar mejor futuras pandemias, como la que actualmente sufrimos.

2. Se permite aumentar hasta un 30% el consumo de recursos naturales, la producción de residuos, la generación de vertidos y emisiones y en general la contaminación, sin evaluación ambiental alguna. Esto supone carta blanca para una reducción de los costes por parte de las empresas, que irá a su cuenta de beneficios, a costa de contaminar más el aire, el agua, el suelo y en general el medio ambiente. Esto es muy grave porque la contaminación mata (son abrumadores los estudios científicos que lo demuestran) y cualquier incremento de la contaminación se traducirá en un aumento de problemas de salud, enfermedades y mortalidad relacionada con las mismas. Si a esto se añade que el personal y recursos dedicados a inspección y control ambiental son mínimos, la realidad es que ni siquiera habrá garantías de que la contaminación aumente hasta un 30% y no hasta valores superiores. El gobierno regional pisotea la salud de los murcianos y las murcianas para que las empresas puedan maximizar sus beneficios. Nada de esto tiene la menor relación con el coronavirus, más bien se sitúa en dirección opuesta, porque entre otros problemas, aumentará la vulnerabilidad de la población, especialmente de los sectores más vulnerables como ancianos, niños y personas con problemas respiratorios, que se agravarán por la contaminación atmosférica.

3. En modificaciones y ampliaciones no sustanciales de las instalaciones, se otorgarán autorizaciones exprés en 30 días, reduciendo las necesarias cautelas administrativas para una valoración ambiental suficientemente detallada y completa. El resultado es que se dará luz verde a modificaciones y ampliaciones de instalaciones que apenas se revisarán por falta de tiempo, lo que aumentará el riesgo de impactos ambientales, de incrementos significativos de la contaminación y de daños a la salud ambiental de la población, justo lo contrario de lo que necesitamos para proteger a la población tras la crisis del coronavirus.

4. Se reducen los periodos de consulta y de información pública, al reducir a un periodo único plazos que se correspondían con fases diferentes. Esto reduce las posibilidades de que expertos, distintos ámbitos sectoriales, organizaciones ambientales y sociales, y ciudadanos en general, puedan conocer con tiempo suficiente los proyectos y actuaciones y participar para evitar que los mismos aumenten los daños ambientales a los que están expuestos los ciudadanos. Esta reducción de las consultas públicas y de la participación ciudadana va en dirección opuesta a las medidas que hemos de aplicar para fortalecer a la ciudadanía y potenciar su implicación frente a riesgos ambientales y de salud pública, como una pandemia