La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, del PP, ha sido imputada por presunta prevaricación en relación a la actividad ilegal de una macrogranja de cerdos ubicada en el paraje El Campillo.
Túnez deberá declarar ante el juez el próximo 16 de octubre en el juzgado de instrucción número 7 de Lorca. Junto a Túnez, deberá declarar, también en calidad de investigado, el exconcejal de agricultura y ganadería de Puerto Lumbreras, Cesar Gázquez Díaz.
El representante legal de la la mercantil Jisap también deberá declarar el próximo 16 de octubre en calidad de investigado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Lorca. Todo arrancó a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción en abril de 2021 que fue admitida a trámite por el juzgado en enero de 2022.
El juez investiga, como adelantó Onda Cero en exclusiva, la presunta actividad ilegal de una macrogranja de cerdos de Puerto Lumbreras autorizada previamente por la CARM.
La macrogranja alberga 1888 cerdas reproductoras, no dispone de licencia urbanística que sustente las edificaciones existentes en la parcela, no dispone de Declaración Ambiental Integrada, no dispone de licencia de actividad y no dispone de recursos hídricos lícitos que permitan el suministro de agua ya que la CHS emitió informe desfavorable.
Según el informe de Seprona de la Guardia Civil ordenado por el juzgado al que ha tenido acceso Onda Cero, las seis naves (cuatro nuevas y dos reformadas) donde se albergan los animales ocupan una superficie de 14.428 m2. Pero hay más conclusiones por parte de la Guardia Civil:
- Las obras realizadas en la parcela de ampliación de la explotación ganadera existente, con la construcción de nuevas naves y otras obras, se ha realizado sin la Licencia Urbanística correspondiente.
- En el Registro Regional de Explotaciones Porcinas, es decir en el REGA, el número de naves autorizadas es inferior al número de naves existentes actualmente en dicha explotación, teniendo autorizadas 2 naves y actualmente hay 6.
- Se está realizado el ejercicio de una actividad, careciendo de Licencia de Actividad actualizada a la modificación sustancia realizada en dicha explotación ganadera.
- La reforma de las balsas de purines se han realizado ocupando las zonas de protección de cauce de dominio público hidráulico careciendo de autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura.
- Se ha construido un embalse para agua, careciendo de las correspondientes autorizaciones y además para la construcción del mismo se ha realizado un desmonte sin tenerlo autorizado.
Ecologistas en Acción, personados en la causa, ha pedido al juzgado que ordene el cese de la actividad porcina que se está llevando a cabo en la granja objeto de investigación propiedad de la mercantil Jisap.
