Hablamos en Más de uno Pamplona con la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, tras la presentación del primer protocolo de coordinación y actuación para luchar contra los matrimonios forzados de mujeres, adolescentes y niñas con el que va a contar la comunidad foral. Navarra se convierte así en una de las primeras comunidades del Estado en contar con esta herramienta, un documento que nace con el objetivo de sumar esfuerzos desde los ámbitos educativo, sanitario, social, judicial y policial para prevenir, detectar y evitar este tipo de casos, considerados un tipo de violencia de género “normalizada” en la sociedad en general y entre sus propias víctimas y, por ello, muchas veces invisibilizada y difícil de erradicar.
El protocolo desarrollado en Navarra es especialmente protector con las menores de edad. Así, los recursos de Gobierno de Navarra considerarán por defecto como forzados todos los matrimonios de adolescentes y niñas menores de 18 años. Aunque a nivel estatal la edad legal para contraer matrimonio se sitúa en 16 años, se quiere armonizar este protocolo con la normativa internacional en esta materia y ampliar el marco de atención a las adolescentes de entre 16 y 18 años, edad que se considera especialmente vulnerable para que se produzcan estos matrimonios forzados.
La sensibilización y la prevención serán un eje central de la intervención, así como el acompañamiento a las víctimas para que superen su situación y el mantenimiento de un registro de casos. Se prevé incidir también en la formación de los y las profesionales en contacto con esta realidad, para poder contribuir a cambiarla.
El protocolo prevé actuar en cuatro ámbitos: la prevención de matrimonios forzados, la detección de casos ya consumados o en proceso de llevarse a cabo, la atención y recuperación de las mujeres, adolescentes y niñas que se encuentren en esta situación y su protección y acceso a la justicia.
El protocolo está impulsado desde el INAI / NABI y cuenta con más de una treintena de recursos y agentes implicados. Por parte del Gobierno de Navarra, cuenta con la participación de Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), el servicio Karibu de Acogida y Acompañamiento a Personas Migrantes, las áreas de Servicios Sociales de toda la Comunidad Foral, la gerencia de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y el servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del Departamento de Educación.
Desde las fuerzas de seguridad, participan la Policía Foral, Guardia Civil, la Policía Foral, Guardia Civil, Policía Municipal de Pamplona, Policía Nacional y Unidad de coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Navarra.
También están implicados en la ejecución del protocolo la Fundación Gizain para la gestión de servicios sociales públicos de Navarra y los recursos específicos de atención a la violencia contra las mujeres, como los Equipos de Atención Integral a Víctimas de la Violencia de Género; la sección de Asistencia a las Víctimas del Delito de Navarra y colaboración con los órganos judiciales; el servicio Municipal de Atención a las Mujeres del Ayuntamiento de Pamplona ; los recursos residenciales de acogida para mujeres en contextos de prostitución y trata con fines de explotación sexual; y recursos de acogida (centro de urgencias, casa de acogida y pisos residencia).
Entre las entidades sociales que participan en este protocolo se encuentran la Cruz Roja, la Fundación Secretariado Gitano, Médicos del Mundo Navarra, SOS Racismo Nafarroa y otros recursos que forman parte de la Red Romá del barrio de la Milagrosa de Pamplona.
Para hacer efectivos los compromisos plasmados en este documento, se creará un grupo interdisciplinar presidido y liderado por el INAI / NABI, que elaborará planes bienales de trabajo, hará propuestas de mejora y recopilará datos sobre la incidencia de los matrimonios forzados.
