Navarra se va a convertir en la tercera comunidad autónoma en declarar zonas de alquiler tensionado. Un trámite que, según avanzó el Gobierno de Navarra hace una semana, va a afectar a más de una veintena de municipios. En concreto son Pamplona, Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Aranguren, Berriozar, Ansoain, Villava, Noáin - Valle de Elorz, Huarte y Berrioplano. En la Ribera, los municipios son Tudela, Corella y Cintruénigo. También se van a iniciar los trámites en Estella, Tafalla, Baztan, Alsasua, San Adrián y Peralta. Todas estas localidades albergan a 459.088 habitantes con los datos del último padrón, lo que supone el 68,3% de la población de Navarra.
Medidas individualizadas
En Más de Uno Pamplona la directora general de Vivienda, Elga Molina, ha recordado que el proceso de declaración de zona de mercado tensionado se iniciará a inicios de 2025 con la correspondiente declaración inicial y sometimiento a exposición pública. En ese sentido ha incidido en que el proceso "no se reduce solo a la limitación del precio de alquiler", sino que los planes "pueden recoger otras muchas medidas", como incentivos a la bolsa de alquiler o incentivos fiscales. Para Molina hay que ver "la situación concreta de cada municipio y hacer un estudio muy concreto de su demanda, de su oferta y de los precios". Asimismo aboga por "adecuar las medidas a la realidad de cada municipio" a la par que recuerda que la finalidad "es poner en marcha todas las medidas posibles que permitan destensionar estas zonas"
Zonas tensionadas
Se considera zona tensionada aquella en la que hay una oferta insuficiente para atender las necesidades de los demandantes del municipio a precios asequibles. Esta denominación implica medidas como la limitación de precios, prórroga obligatoria de tres años en el alquiler para dar estabilidad, así como el aumento de reservas de suelo para construir vivienda protegida y el acceso a un programa de financiación extra por ser zona de mercado tensionado. La directora general de Vivienda habla de medidas necesarias y urgentes habida cuenta de que, de acuerdo a los datos del Registro de Contratos de Alquiler, "en los últimos cinco años los municipios que se van a declarar tienen aumentos de precio de entre el 25 y el 138%". Antes estas cifras, insiste Elga Molina, en que "el problema es más grave de lo que en principio parece"
