Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional por explotar laboralmente a sus trabajadores en un pabellón del polígono industrial Ugaldeguren en Zamudio (Bilbao), donde los empleados ocasionalmente hacían lo que su jefe denominaba una "maratón", cuyo método consistía en trabajar desde las siete de la mañana hasta las nueve de la mañana del día siguiente, teniendo solo una hora libre para comer mientras permanecían toda la noche encerrados en las instalaciones de la empresa.
La Delegación del Gobierno, ha informado este miércoles de que el arresto se produjo el pasado 17 de agosto. La operación se inició cuando, en días previos, varios trabajadores denunciaron voluntariamente en la Comisaría de la Policía Nacional de Bilbao que estaban siendo explotados laboralmente por su jefe.
Las autoridades tras corroborar la gravedad y veracidad de los hechos narrados por las víctimas les concedieron el carácter de testigos protegidos.
Las condiciones de trabajo eran pésimas
Los trabajadores contaron que, al no tener permiso de residencia, su jefe no les había formalizado ningún contrato por lo que su empleador les hacía llegar un sueldo de cinco euros por hora efectiva de trabajo. Además denunciaron que en ocasiones llegaban a realizar jornadas de hasta 26 horas seguidas por cinco euros la hora.
Relataron también que cuando sufrían algún accidente laboral como consecuencia de su trabajo, necesitaban alguna baja o tenían que acudir a los servicios médicos, el dueño les aleccionaba para que no mencionara ni a la empresa ni al lugar donde habían sufrido las lesiones.
Un delito contra los derechos de los trabajadores
Agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Bilbao y funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia acudieron al polígono industrial donde se producían estas explotaciones laborales para inspeccionar la empresa, en su interior identificaron a un total de ocho trabajadores. De estos ocho, cuatro no poseían permiso de residencia ni contrato de trabajo, por lo que se detuvo al empresario que dirigía el negocio.
Por ahora, el empresario ha quedado en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales y con la obligación de presentarse ante el juzgado que instruye la causa.
Se le acusa de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, enfrentándose, además, a una posible sanción económica de más de 70.000 euros por infringir la legislación en materia laboral y de Seguridad Social.
