La asociación que tantos años ha luchado por este derecho pide ahora campañas de promoción para que pueda que el derecho a la eutanasia pueda ser ejercido por cualquier persona, y no ocurra como con el registro de voluntades anticipadas, al que apenas se ha suscrito un 1% de la población, y 'con un sesgo de niveles socioeconómicos altos', ha añadido Concha Castells, una de las portavoces de la asociación.
Demandan también formación para los profesionales, para que entiendan que es una alternativa más que pueden y deben ofrecer a ciertos pacientes. Temen que el largo proceso puede llevar a algunos médicos a declararse objetores, pero sobre todo, que acabe ocurriendo como con el aborto. 'Nos preocuparía mucho que las profesionales no asumieran como parte de su tarea esta atención y fuera desviada a la privada', ha reconocido Castels.
Comisión de garantías
En una comisión parlamentaria, la Asociación Derecho a morir dignamente ha expresado su voto de confianza al Departamento de Salud en la aplicación de la ley, aunque no ha ocultado sus dudas en ciertos aspectos, como el elevado número de componentes de la comisión de garantías. Venticinco profesionales serán los encargados de evaluar las solicitudes. 'Puede ser ingobernable', han apuntado.
Otra de las herramientas para el cumplimiento de la ley es el registro oficial, en el que se documentará cada caso.
