Según la propuesta, la asignación económica pública se dirigiría a todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos y patrimonio, y el único requisito para acceder a esta ayuda sería el de acreditar 3 meses de residencia en Euskadi. La portavoz de los promotores, Itziar Gerendiain, ha explicado en tribuna que es momento de buscar fórmulas para acabar con la pobreza. ‘Los subsidios condicionados no lo consiguen”, ha argumentado.
Solo Eh Bildu y Elkarrekin Podemos se han mostrado partidarios de tramitar esta iniciativa, mientras que los partidos del gobierno han argumentado su rechazo en que está en marcha el proyecto de ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión, al que se incorporará el Ingreso Mínimo Vital, ya transferido a Euskadi, y que reforzará el modelo social. El nacionalista Aitor Urrutia ha explicado que “no se cierra ni intelectual ni políticamente el debate, partimos de modelo de éxito que vamos a reforzar, y nos gustaría que cuando ley llegue al parlamento, la podamos trabajar entre todos”.
Tampoco han conseguido el respaldo de PP+Cs, que incide en que “las ayudas han de ser justas”. Su parlamentaria Laura Garrido ha defendido que “el objetivo ha de ser conseguir un trabajo y no recibir una ayuda de por vida”.
Esto argumentos no han convencido a los promotores que hablan de “escaqueo” y rechazan que la RGI se plantee como un modelo de éxito “cuando el 30% de las personas en riesgo no pueden acceder por los requisitos”. Su propuesta fija cuantías de 900 euros mensuales para los mayores de 18 años o menores independizados, de 450 euros para quienes tengan entre 14 y 17 años y de 270 euros para los menores de 14 años.
