Las pesquisas se iniciaron a mediados de mayo, cuando los investigadores del Grupo II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de San Sebastián tuvieron conocimiento de que varios trabajadores extranjeros, en su mayoría ucranianos, pero también latinoamericanos, rusos o de Tayikistán, estaban siendo empleados en condiciones gravosas y vulnerando los derechos laborales por un empresario de la construcción de origen ucraniano afincado en Gipuzkoa. En sus declaraciones como víctimas, manifestaron haber venido a España empujados por la guerra y al carecer de permiso de residencia, tuvieron que realizar diversos trabajos precarios en Donostia hasta que algún miembro de la comunidad ucraniana asentada en Euskadi les recomendó trabajar para un compatriota suyo que regentaba una empresa de reformas de construcción. El detenido les prometía contratos de trabajo para regularizar su situación en España y un sueldo fraccionado que no superaba al mes los 500 euros. Las jornadas laborales llegaban a las 12-13 horas sin librar ningún día de la semana o sólo los domingos.
Nula seguridad en el trabajo
En lo que a prevención de riesgos laborales respecta, explicaron que, a pesar de haber tenido que realizar trabajos en altura, nunca les facilitó ningún equipo de protección individual (EPI), y si se quejaban por esta circunstancia les decía que fuesen con cuidado y no les pasaría nada. En caso de que tuvieran un accidente, les aleccionaba para que contasen que se había producido en otra circunstancia, pero nunca trabajando. Al respecto, uno de los trabajadores explicó que sabía que un compañero que trabajó en un tejado sin EPI sufrió una caída trabajando por la que se fracturó la cadera.
Situación regularizada
En la actualidad las siete víctimas tienen su situación administrativa regularizada en España, contando casi todos con permisos de residencia temporal por circunstancias excepcionales derivadas de la guerra en su país.
