La operación se inició cuando los investigadores de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de que un empresario estaba ofreciendo regularizar la situación a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo a cambio de sustanciosas cantidades económicas. Las pesquisas, permitieron saber que las cantidades que pedía a sus víctimas oscilaban entre los 500 y 5.000 euros y que los contratos que materializaba por escrito con ellos nunca llegaban a surtir efectos, ya que no eran comunicados a la Seguridad Social y por tanto no podían ser presentados en la Subdelegación del Gobierno con el objeto de legalizar su residencia.
Víctimas
Los agentes lograron localizar a siete víctimas, cinco originarias de Marruecos y dos de Centroamérica, que habían sido estafadas por este individuo y que, al carecer de recursos económicos, se tenían que endeudar para hacer frente a estos pagos, lo que les colocaba en una grave situación de vulnerabilidad. Además, tres de ellas también manifestaron haber trabajado reformando casas para este hombre durante varios meses. El presunto estafador es un hombre de origen marroquí que cuenta con cinco empresas dedicadas a las reformas de obras, una radicada en Gipuzkoa y cuatro en Cataluña.
