Esta posibilidad de contratar profesionales sin nacionalidad española debe estar amparada en "razones de interés general", y en determinados ámbitos. Entre estos sectores destaca Osakidetza, donde se acota a los puestos de médico especialista y a personal de enfermería.
También abarca a los trabajadores de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, y a plazas de ertzainas y policías locales en las que se requiera el conocimiento de lenguas extracomunitarias.. "Es un paraguas y necesita un desarrollo normativo posterior", ha explicado la consejera de gobernanza, Olatz Garamendi.
La ley regula todos lo que tiene que ver con el trabajo en la administración, desde que el aspirante se presenta a la OPE, hasta la jubilación, pasando por la carrera profesional o el sistema retributivo. Incorpora además principios de igualdad de género, con medidas como la posibilidad de cambiar el puesto de trabajo a otra localidad en caso de violencia de género, así como la igualdad lingüística con "una administración euskaldun que desarrolle sus funciones igual que lo hace en castellano".
La norma ha salido adelante con el apoyo de los grupos que integran el Gobierno vasco, con la abstención de PP+Cs y el rechazo del reto de grupos, que la ven insuficiente.
Tampoco la apoyan los sindicatos. De hecho, LAB se ha concentrado frente al parlamento para denunciar que la ley abre la puerta a la privatización y perpetúa los recortes.
